Los directivos que llevaron a la quiebra a Catalunya Caixa recibirán una indemnización de millonaria porque la entidad y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) desistieron y renunciaron expresamente a defender y aportar pruebas para despedirlos.

Así se desprende de la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, Francisco Leal Peralvo, quien declara improcedente los despidos del presidente y el Consejero Delegado de la antigua Catalunya Caixa, Adolf Todó y Jaume Masana, y reconoce una indemnización para cada uno de ellos de 600.000 euros.

El magistrado señala en la sentencia en varias ocasiones que la entidad y el Frob no defendieron los despidos de Todó y Masana en el juicio: renunciaron a interrogar a los banqueros, no aportaron ningún informe pericial para defender los despidos y presentaron meras fotocopias sin firmas en lugar de los documentos originales. Esta interpretación fue adelantada en Twitter por el abogado laboralista Fabián Valero.

La sentencia deja entrever en varias ocasiones que ni el banco ni el Frob tenían intención de defender ambos despidos en el juicio.

La resolución recoge la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo y la doctrina, que exige a la parte demandada la responsabilidad de aportar las pruebas en un proceso de despido.

Esto es, corresponde a la empresa demandada acreditar las causas de un despido, causas que incluye en la carta a despido. De tal forma que el juzgado 'no puede modificar ni precisar' la causa, ni tampoco rebasar lo que se pide o alterar la acción de lo que se ejercita.

El fundamento de derecho quinto de la sentencia es demoledor: 'La dirección jurídica de la entidad demandada desiste y renuncia expresamente a la defensa de los hechos obrantes en la carta de despido', a excepción de dos puntos que, además, adolecen de la concreción necesaria para poder enjuiciar su procedencia.

La dirección jurídica del banco demandado propuso una serie de pruebas: interrogatorio judicial, documentos y la declaración de un testigo. 'Posteriormente desiste del interrogatorio judicial antes de iniciarse su práctica', remacha la sentencia.

Unos párrafos más adelante, la resolución sostiene que tampoco se propone 'ni se practica prueba pericial técnica que concluya' la irracionalidad, imprudencia o incumplimiento de cualquier norma de conducta profesional 'tampoco concretamente determinada en las cartas de despido'.

Las cartas de despido, en los puntos analizados, carecen de hechos concretos y determinados sobre los que basar los despidos. Más adelante, la sentencia sostiene que no se llamó a juicio a ningún representante de los trabajadores para confirmar alguno de los extremos que se sostienen en las cartas de despido. 'Tampoco se somete documento alguno a contraste de los testigos y en su caso de los actores en el interrogatorio judicial no solicitado'.

El juez reconoce al presidente y al consejero delegado de la antigua Catalunya Caixa, Adolf Todó y Jaume Masana, una indemnización de 600.000 euros a cada uno. Ese dinero, en total 1,2 millones de euros, saldrá del banco intervenido, de confirmarse esta sentencia.

La carta de despido del Frob acusaba a ambos de incumplimiento grave y culpable de sus funciones, así como de actuación desleal para provocar su salida forzada del banco. Ambos mantuvieron 'un posicionamiento contrario al interés del Banco, cuya principal motivación no puede ser sino una pretensión permanente de protegerse personalmente'.

La carta les acusaba implícitamente de ayudar a potenciales compradores del banco a bajar su oferta al Estado, para procurar la venta 'a cualquier precio y condición'.