La Junta de Andalucía no abrirá expediente a los funcionarios del juzgado de Rafael Tirado al entender que hicieron su trabajo y no cometieron ninguna irregularidad en la tramitación de las ejecutorias. En la resolución, la Consejería de Justicia revela que el juez, uno de los responsables de que el pederasta Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña de Huelva Mari Luz, estuviera en la calle cuando se cometió el crimen, no solicitó “ninguna medida de refuerzo ni de horas extraordinarias en los últimos tres años”, según fuentes de la Junta de Andalucía. El retraso en la ejecución de la sentencia que condenó a Del Valle por abusos a su propia hija fue de dos años, dos meses y nueve días. El descontrol sobre las ejecutorias en el juzgado era “usual”, según la inspección del Poder Judicial.

Los argumentos de Wenceslao Olea, el instructor del expediente a Tirado, asumidos por los tres vocales del CGPJ que votaron a favor de la multa de 1.500 euros, para rebajar su sanción a falta grave y no muy grave, como pedía la fiscalía, eran básicamente la excesiva carga de trabajo y la ausencia de una funcionaria. Según Olea, pasaron casi seis meses sin que se cubriera la plaza de forma permanente, “ya no por personal idóneo, sino por ningún funcionario”.

Los datos son los siguientes, según la Junta y el Poder Judicial: la funcionaria en cuestión causó baja el 29 de marzo de 2006 por un esguince de tobillo. El juzgado solicitó su cobertura al día siguiente. La Junta autorizó su sustitución el 19 de abril de 2006, en la primera reunión que se mantuvo tras la petición. La plaza se cubrió finalmente el 8 de mayo, 40 días desde la baja. Dos días después, regresó la funcionaria y el interino le dejó el puesto 24 horas después. Luego, la funcionaria se tomó vacaciones y finalmente, cesó por traslado. El 22 de agosto la sustituyó otra funcionaria interina y sin experiencia. La causa estuvo completamente paralizada un año y medio, entre el 20 de marzo de 2006 y el 26 de septiembre de 2007, cuando se ordenó la averigüación de domicilio sólo de la esposa de Del Valle y no su busca y captura. Ni la secretaria, que tiene abierto un expediente, ni el juez advirtieron este error.

“Aunque [la baja de la funcionaria] hubiere provocado un importante deterioro en la marcha [del juzgado], lo cierto es que con un riguroso control del mismo podría haber sido factible su recuperación [...] en un razonable lapso de tiempo”, escribió el inspector  del CGPJ en el informe elaborado tras estallar el escándalo en marzo de 2008. La nueva funcionaria se encontró en agosto de 2006 con 245 ejecutorias pendientes, según alegó Tirado. En noviembre de 2007 ya eran 615 y otras 685 más archivadas, según el CGPJ. El juez no pidió auxilio.

A estos problemas, se añadió una decisión de Tirado. “Al estimar que el rendimiento de los interinos era deficiente por su inexperiencia”, redujo el número de los integrantes de la sección de ejecutorias de cuatro a tres. En la mayoría de los juzgados de lo penal está formada por cuatro. Todo esto retrasó el tiempo medio de respuesta, que en 2005 era de 3,21 meses y pasó a 5,17 en 2006. En 2007 se recuperó y descendió a 4,21 meses. El juzgado consta de 8 funcionarios por decisión del CGPJ. Cinco de ellos eran interinos.

En una inspección anterior de noviembre de 2007, el CGPJ concluyó: “Aunque el número de las ejecutorias no es excesivo, no existe un control sobre las mismas”. Los inspectores se limitaron a recomendar que reorganizase las ejecutorias y que instara a la secretaria a controlarlas. La inspección, en el informe posterior al escándalo, concluyó que el control sobre las ejecutorias “aparece huérfano de existencia ‘[...] como actividad usual en su quehacer profesional”. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: “Corresponde al juez adoptar sin dilación las medidas para que el condenado” entre en prisión.

El penal 1 fue en 2007 el tercer órgano de Sevilla que menos asuntos ingresó, 876. El número 10 admitió 1.020, según El Correo de Andalucía.