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La jueza Alaya imputa a la exministra Magdalena Álvarez por los ERE

Además de la antigua responsable de Fomento con Zapatero, la magistrada imputa a otros veinte ex altos cargos de la Junta de Andalucía

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La juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa que tiene abierta a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía de la Junta y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Magdalena Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004, año en el que fue nombrada ministra de Fomento en el primer gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero.  El 7 de abril de 2009, dentro de una profunda remodelación proyectada por Zapatero, y tras ser reprobada por el Parlamento, dejó el Ministerio de Fomento. Ese mismo año fue elegida eurodiputada en el Parlamento europeo hasta que en julio de 2010 fue elegida vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En el auto judicial comunicado hoy a las partes, la juez también imputa a José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 hasta 2004, cuando fue nombrado consejero de Economía y Hacienda antes de presidir ese mismo año la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). En esa lista también figura el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, al que la juez ha citado a declarar el próximo 25 de julio, y el exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía  y actual número 2 de la consejería de la Presidencia, Antonio Lozano. Hay otros 16 altos o ex altos cargos imputados.

Alaya ve irregularidades en el procedimiento mediante el cual la Junta pagó los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Entiende la magistrada que se sorteaban los controles internos.

La decisión de la juez Alaya se produce un día después de que la magistrada emitiera un auto en el que ampliaba el periodo de investigación del caso a 1999, solicitaba más documentación a la Junta y pedía al Ministerio de Trabajo que informe sobre varios aspectos de las ayudas sociolaborales dadas por la administración andaluza. En su exposición de motivos, Alaya amplíaba el periodo de investigación inicialmente acotado entre el año 2000 y 2010 'para mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus antecedentes'.

El lunes la juez emitió un auto en el que ampliaba el período de invetigación del caso hasta 1999

Lo que la juez le pide a la Junta, en relación con las modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo de 2010, es el expediente completo de la generación de un crédito por importe de 20 millones de euros firmado por el director general de Presupuestos el 21 de noviembre de 2010.

También le solicita la rectificación de la transferencia de crédito por valor de otros 20 millones de euros aprobada por el Consejo de Gobierno del 26 de octubre de 2010. La juez pide que se libre un oficio a la secretaría general técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que informe si las ayudas sociolaborales previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por ERE de la Junta están o no incluidas en el ámbito laboral, 'cuya legislación es competencia exclusiva del Estado'.

Además, solicita al Ministerio que se pronuncie sobre la procedencia de que la Junta estableciera un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por los ERE y si eso afecta a la legislación exclusiva del Estado.