La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, no ha hallado de momento pruebas de que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004-2010) se enriqueciera ilegalmente. La magistrada refleja en un auto, de 17 de enero pasado, que, sin embargo, existen suficientes indicios de que Fernández “pretendió [lucrarse], pero finalmente no se consiguió, bien por presiones, bien por el devenir de los acontecimientos”. Alaya recuerda que el exconsejero, cuando dirigía la Consejería de Empleo, se incluyó en el ERE de González Byass, empresa en la que trabajó hasta 1983, antes de entrar en política, y que sólo renunció a las “altísimas rentas” [de al menos 386.000 euros] que iba a percibir mensualmente hasta 2021 después de que saltara el escándalo y ella iniciara sus pesquisas. Fernández ha mantenido que esa cantidad le correspondía porque trabajó en la compañía y estaba en situación de excedencia forzosa.

En el auto, que responde casi diez meses después a un recurso del exconsejero, Alaya decide mantener las pesquisas sobre el patrimonio de Fernández, pero excluye de esta investigación “al menos por ahora” las cuentas de sus familiares. Alaya mantiene además su imputación y explica que, además de por el ERE de González Byass, Fernández debe responder por haber firmado, como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en julio de 2001 el convenio que dio origen a la fórmula utilizada hasta 2010 para pagar ayudas a empresas y que la jueza considera ilegal y también por mantenerla una vez que fue nombrado consejero, a partir de 2004.

Sistema ilegal

Alaya explica que el sistema consistía en que el IFA –ahora IDEA– asumía “la materialización de las ayudas que la Dirección General de trabajo otorgara a las empresas por delegación del consejero” y la fórmula técnica elegida era la transferencia de financiación. “La inadecuación del procedimiento utilizado –afirma Alaya– era realmente importante, según puso de manifiesto la Intervención de la Junta desde el año 2005, pues teniendo por objeto las transferencias la financiación de las actividades corrientes [el pago de materiales de oficina...] de las empresas [públicas], su régimen de fiscalización sólo exigía una resolución, un calendario de tesorería y su previsión en el plan de inversiones de la compañía”. En cambio, añade Alaya, “el procedimiento adecuado” para conceder las ayudas para pagar ERE, que era la subvención excepcional “exigía un intenso control” y su aprobación por el Consejo de Gobierno si la ayuda excede de los tres millones de euros. Este sistema, prosigue Alaya, se buscó de manera “intencionada”. En este punto, la magistrada sigue a Javier Guerrero, el director general que ha reconocido haber colocado falsos prejubilados en distintos ERE y cuyo chófer recibió una subvención que afirmó haberse gastado en cocaína y antigüedades para su jefe.

La magistrada responsabiliza a Fernández de las consecuencias de la utilización de las transferencias de financiación en lugar de las subvenciones excepcionales. “En primer lugar, –dice Alaya– se ha impedido verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones impuestas a los empresarios y el destino de las ayudas, y en segundo lugar se han adquirido compromisos de pago superando los límites de los créditos presupuestarios, generando obligaciones millonarias para la Junta de Andalucía sin justificación en muchos de los casos y sin solicitud alguna en todos ellos y, lo que es más grave, sin cobertura presupuestaria”.

La jueza, además, le da un toque de atención al exconsejero: “Solamente en virtud del derecho de defensa podemos entender que el inculpado [el exconsejero] niegue tal afirmación de la ausencia de cobertura presupuestaria, que no es de esta instructora, sino de la Intervención de la Junta”. Alaya también reprocha a Fernández que “siendo perfecto conocedor de todos los reparos opuestos por la Intervención como él mismo reconoce” mantuviese operativa esa fórmula para conceder ayudas. La magistrada también sigue a Guerrero y considera que Fernández estaba al tanto de sus actividades, porque este le informaba de las mismas.

Viera y Zarrías

Esta última declaración y la misma firma del convenio que dio origen al sistema considerado ilegal para conceder ayudas a empresas en crisis también afectan al antecesor de Fernández en el cargo, el hoy diputado en el Congreso y líder del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera. Este no está imputado en el caso, a pesar de que firmó en julio de 2001 el convenio junto a Fernández y lo ejecutó hasta que dejó el cargo, en el año 2004. Su acusación obligaría a la magistrada a abandonar el caso y a enviar las actuaciones al Tribunal Supremo al estar Viera aforado.

Por otro lado, ayer el PP trató de implicar al exconsejero   de Presidencia Gaspar Zarrías en el escándalo tras la última declaración de Guerrero a la Guardia Civil. Su secretario general, Antonio Sanz, manifestó en rueda de prensa que “San Telmo ha sido la sala de máquinas de la corrupción”. Sanz añadió que la Junta intentó cambiar hasta en ocho ocasiones, a través de diferentes decretos, el procedimiento “presuntamente ilegal” para la concesión de ayudas a empresas en crisis. Si bien, agregó, las modificaciones se pararon “en los consejillos previos al Consejo de Gobierno, que dirigía el señor Zarrías”. Este ha negado que tales órdenes llegaran a los consejillos.