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Una jueza de Madrid imputa a 16 controladores por abandonar la torre

Los abogados de los 8.000 afectados reclaman una indemnización de 10.000 euros para cada pasajero

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Los primeros imputados por el cierre del espacio aéreo que se vivió en España en el puente de la Constitución del año pasado ya tienen fecha para desfilar por los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Son 16 controladores a los que se acusa de abandonar su puesto de trabajo sin justificación. La jueza María del Sagrario Herrero les ha citado en tandas de cuatro para declarar entre los días 18 y 21 de julio.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3, a la que correspondió la primera denuncia presentada en Madrid por el caos aéreo vivido en toda España los días 3 y 4 de diciembre de 2010, advierte de que si de aquí a entonces entra en funcionamiento el juzgado bis que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las citaciones podrán adelantarse. Si no es así, los demás asuntos del Juzgado impedirán celebrar las comparecencias antes.

A este juzgado fue al que la Fiscalía de Madrid remitió las diligencias que abrió tras el cierre del espacio aéreo. Ninguno de los controladores accedió a declarar ante el fiscal. Alegaron que debían ser sometidos a la justicia militar porque, tras su abandono de las torres de control, se decretó el estado de alarma. Sin embargo, ninguno de los trabajadores abandonó su puesto de trabajo a partir de ese momento, por lo que la Justicia militar no tendría encaje.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que se imputaría a los controladores que abandonaron las torres un delito de sedición, penado en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, de 1964, con hasta ocho años de cárcel.

El despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que representa a la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, entiende que los controladores han cometido un delito contra el artículo 409 del Código Penal, castigado con multa de ocho a 12 meses y suspensión de seis meses a dos años. Este precepto castiga 'a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público'.

En la providencia, la magistrada procede a ordenar el procedimiento que tiene entre manos. Entre sus decisiones figura tener por personada como acusación particular a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o reclamar a la agencia de noticias Efe que informe por escrito de cuáles fueron las primeras comunicaciones que recibió y de qué organismo.

Además del procedimiento penal, Cremades & Calvo-Sotelo ya ha logrado que más de 8.000 afectados se unan en la reclamación administrativa que prepara contra Aena y el Ministerio de Fomento por la responsabilidad en la que podrían haber incurrido por el cierre del espacio aéreo. Cada afectado reclamará 10.000 euros por daños mortales y la cantidad en que cuantifiquen los daños materiales sufridos.