Pedro Jiménez volverá a ser juzgado el próximo lunes por los asesinatos de dos mujeres policías, después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara el juicio de un tribunal profesional por entender que existía vinculación entre los crímenes y la violación de unas de las jóvenes, lo que supone que el caso es competencia del jurado.

Jiménez fue condenado a 83 años de prisión en setiembre de 2008 por el asesinato de dos mujeres policías nacionales, Aurora R.G. y Silvia N.G, ambas de León, a las que mató a puñaladas, y por la violación de una de ellas además de otros delitos.

El crimen ocurrió el 6 de octubre de 2004 en el piso que compartían las dos mujeres en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La anulación del juicio no implicó la puesta en libertad del acusado al tener condenas anteriores por robo con violaciones que lo confinan en la cárcel hasta el año 2021.

La sentencia fue anulada por el TS por considerar que debería ser un jurado popular quien se encargara del caso, después de que la defensa del acusado presentara un recurso de casación.

El pasado 3 de febrero, el TS estableció los criterios que tienen que seguir las Audiencias Provinciales para determinar si un asunto debe ser juzgado por jueces profesionales o por un jurado popular en aquellos casos en los que los hechos sean constitutivos de delitos conexos.

El Alto Tribunal decidió que el elemento determinante de la competencia (del jurado) sea la finalidad perseguida por el autor del delito, lo que supone que se extenderá al delito conexo siempre que se haya cometido teniendo como objetivo principal perpetrar otro que sea de la competencia del Tribunal del Jurado.

En el caso contrario, si el objetivo del acusado fuese cometer un delito que no le compete al jurado, el caso será juzgado, junto con los demás delitos, en un juzgado de lo penal o en la Audiencia Provincial.

La resolución del Tribunal Supremo sobre las competencias del jurado calmó las dudas jurídicas que se crearon a raíz de la anulación de la sentencia, una decisión que provocó las críticas de la Fiscalía Superior de Cataluña que en su momento dijo que la anulación generaba dudas e incertidumbres.

La anulación del juicio provocó también la reacción de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVD), que presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra los magistrado del Supremo que anularon la sentencia contra de Pedro Jiménez.

José Miguel Ayllón, presidente de ANDV, aseguró que los familiares de las víctimas "van a sentirse otra vez dañados y dolidos" y consideró que el nuevo juicio era "totalmente innecesario" ya que se juzgó al acusado "con todas las garantías"

"Lo único que se va a conseguir es que estas personas (los familiares de las dos policías) no se recuperen. Sus derechos deberían tenerse en cuenta especialmente por la magistratura", dijo.

Pedro Jiménez será juzgado de nuevo a partir del lunes en la Audiencia de Barcelona en una vista en la que se enfrenta a una petición fiscal de 103 años, la misma pena que pidió en el juicio con un tribunal profesional, por dos asesinatos, una violación y por los delitos de robo con violencia, robo con fuerzas, incendio y profanación de cadáver.

Jiménez era un interno de la cárcel de Can Brians condenado en ocho ocasiones por delitos sexuales y robo, que gozaba de un permiso penitenciario cuando cometió los crímenes por los que volverá a ser juzgado.