El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex concejal Esteban Guzmán (ambos del GIL) y el abogado Modesto Perodia han sido condenados por el Tribunal de Cuentas (TC) al pago de más de 50 millones de euros por el desvío de fondos municipales a través de una sociedad ya disuelta, Contratas 2000. Muñoz, Guzmán y Perodia fueron miembros del Consejo de Administración de dicha sociedad.
El consistorio interpuso en junio de 2007 una demanda de responsabilidad contable contra los tres condenados por más de 47 millones. El TC ha estimado sólo parcialmente dicha denuncia, cifrando en 34,9 millones el montante principal de los perjuicios causados a los caudales públicos de la sociedad municipal por los condenados, que deberán abonar la cantidad de 15,7 millones euros en concepto de intereses. El periodo fiscalizado abarca los años 2000 y 2001.
La actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), calificó ayer como “espectacular” la cantidad global desviada desde las arcas públicas que recoge la sentencia, hecha pública ayer por el Ayuntamiento. Según la regidora, “es una prueba más de lo que ocurría en el Ayuntamiento”.
Monteverde y Del Nido
La sentencia recoge, entre otros pagos, el realizado al arquitecto Carlos Monteverde de 27 millones de euros por 73 proyectos de obra que nunca fueron realizados. “Varios de ellos recogían denominaciones genéricas, sin establecer la obra concreta a la que se referían” , señala la sentencia.
El TC advierte también el pago de 11.657.000 euros a 13 acreedores más también por trabajos nunca llevados a cabo nunca. El organismo destaca que los imputados “no han entregado los proyectos de obra” de los citados acreedores y que “sólo se aportan contratos con cuatro de las trece empresas acreedoras”.
Entre los hechos probados, figura también que el abogado José María Del Nido percibió la minuta de 3.485,87 euros en mayo de 2000 por trabajos supuestamente realizados para la sociedad.
Ángeles Muñoz afirmó que el equipo de Gobierno, integrado en exclusiva por concejales del PP, “seguirá en el empeño de que no quede sin recuperarse ni un solo euro” y aseguró que “ese dinero debe servir para saldar deudas y ejecutar las inversiones que durante años dejaron de hacerse en Marbella”.
La regidora cree que sentencias como la citada, sobre la que cabe recurso de apelación, suponen “un primer escalón para recuperar, al menos en parte, lo que se llevaron” los corruptos.