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Julián Muñoz reitera que las licencias se daban según los informes técnicos

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El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha reiterado hoy en su declaración ante el juez que el Ayuntamiento concedía las licencias urbanísticas en virtud de los informes elaborados por los asesores jurídicos y los técnicos municipales, según han señalado a Efe fuentes judiciales.

El ex regidor ha comparecido como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (Málaga) en relación con una causa urbanística en la que se investiga la supuesta concesión irregular de una licencia otorgada en 2003 a la empresa Haviland Proyectos Inmobiliarios.

La declaración de Muñoz no se ha centrado en dicha actuación, sino que ha sido interrogado por el juez sobre el desarrollo de las comisiones de gobierno y el modo en el que se otorgaban las licencias, según las mismas fuentes.

El ex alcalde ha insistido en que la concesión de las licencias venía avalada por informes técnicos, por lo que los concejales que aprobaban las actuaciones consideraban que actuaban en el marco de la legalidad.

Para su comparecencia ante el juez, ha sido trasladado hasta los juzgados de Marbella desde el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, donde cumple condena por tres causas urbanísticas, y ha abandonado la sede judicial sobre las 12:20 horas para ser conducido de nuevo a la prisión malagueña.

Además de Muñoz, hoy ha declarado en calidad de imputado por esta causa el ex secretario del Consistorio marbellí Leopoldo Barrantes, mientras que la ex asesora jurídica de Urbanismo Raquel Escobar, citada también para hoy, no ha comparecido.

En estas diligencias el juez investiga además presuntas irregularidades respecto a otras licencias en la elaboración del acta de la Comisión de Gobierno celebrada el 19 de febrero de 2003, según han apuntado las mismas fuentes.

En dicha Comisión de Gobierno concedió el permiso condicionado a Haviland Proyectos Inmobiliarios para la construcción de viviendas en una parcela del núcleo poblacional marbellí de Nueva Andalucía, licencia contraria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986.