La sala de lo contencioso del TSJA ha recibido al menos cuatro reclamaciones de personas que no recibieron las ayudas comprometidas por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, imputado en el escándalo de los ERE fraudulentos. En estos cuatro casos, la Junta decidió no pagar las cantidades que Guerrero concedió tras decidir que eran subvenciones irregulares. El importe de las cuatro ayudas asciende a 2,7 millones de euros, según indicaron ayer a Público fuentes de la Junta.

EL TSJA ya ha valorado en dos sentencias recientes la actuación de Guerrero en dos de estas ayudas –cada una de 600.000 euros–, que tacha como de “total desprecio al derecho, prescindiendo total y absolutamente” de los trámites exigidos. Es decir, Guerrero concedió las subvenciones simplemente diciendo que las concedía, fuera de ningún tipo de control. El TSJA tiene sobre la mesa, según el Gobierno, una ayuda más, tampoco pagada, por valor de 1,2 millones de euros. En la cuarta, de 300.000 euros, que completa la cifra de 2,7 millones, el denunciante desistió de intentar cobrarla, según las fuentes de la Junta. El PP considera que no sólo estas cuatro ayudas fueron concedidas con “total desprecio al derecho”, sino que la cifra podría ascender a 114. Por ello, ha enviado al juzgado penal que investiga el caso la documentación pertinente. El Gobierno andaluz considera que la ilegalidad o no de esas ayudas la debe de-cidirla la Justicia y no ellos.

Zoido y Alaya

Por otro lado, el exvicepresidente Alfonso Guerra dijo ayer lo que muchos socialistas andaluces desearían decir en público y no dicen. Guerra manifestó: “Parece que hay una relación fuerte personal de la jueza y del alcalde de Sevilla; parece que alguna cuestión curiosa tuvieron”. Juan Ignacio Zoido fue juez decano en Sevilla. Y remachó: “Hay una dosificación del calendario judicial con la campaña”.