Por Lucas Bergman

Argentina dio el viernes un nuevo paso hacia la expropiación de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, en manos del grupo español Marsans, al dictar la justicia la intervención de las compañías con el objetivo de garantizar su continuidad.

La justicia argentina intervino la aerolínea de bandera y a su subsidiaria de cabotaje Austral a petición del Gobierno y designó un interventor-veedor.

"Las medidas que estaba tomando el presidente o el directorio de Marsans ameritaban tomar esta medida porque es evidente que se quería obstruir la autoridad del gerente general" designado por el Gobierno, dijo a un canal de televisión el secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Marsans adquirió las dos aerolíneas argentinas en 2001, cuando estaban al borde la quiebra.

El Gobierno y el grupo Marsans habían acordado en julio la venta de las acciones al Estado y fijado que, ante un desacuerdo en la tasación de cada parte, se convocaría a una tercera evaluación independiente.

La empresa española asegura que el acta firmada está vigente y reclama una tercera tasación, pero el Gobierno dio por incumplido el acuerdo al considerar que Marsans no presentó los balances correspondientes ni realizó una tasación correcta.

Marsans valoró las empresas en unos 400 millones de dólares mientras que la tasación oficial se ubicó en un negativo de entre 622 y 832 millones de dólares.

El congreso argentino avaló recientemente la estatización de las líneas aéreas y creó una comisión bicameral para definir su precio. Esa comisión dijo esta semana que las empresas tienen valor cero, y decidió impulsar un proyecto de ley para expropiarlas.

Marsans respondió anticipando que si el Gobierno expropiaba las compañías lo demandará ante tribunales internacionales.

Jaime aseguró que Marsans debería aceptar que las empresas no tienen ningún valor y evitar la expropiación.

"Esperemos que los dueños de Marsans acepten antes de llegar a la expropiación el precio que fijó, con un trabajo muy profesional, tanto el tribunal como los otros miembros que han intervenido", dijo el funcionario.

Desde que en julio se firmó el acta acuerdo, el Gobierno desembolsó unos 230 millones de dólares para mantener operativas las compañías, que tienen un pasivo de unos 890 millones de dólares.