El Ministerio de Justicia convocó el miércoles a una reunión urgente a las asociaciones judiciales para analizar las reivindicaciones que les han llevado a convocar una jornada de protesta en febrero y una huelga en junio.

"A lo largo del día de hoy, Justicia contactará con los representantes de las asociaciones judiciales para fijar la fecha más inmediata posible", dijo el ministerio en un comunicado, subrayando que en el encuentro se analizará el contenido del "documento reivindicativo" de los jueces difundido el pasado lunes.

En el comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente anunciaron una "acto reivindicativo y de protesta" en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio si el Ejecutivo no respondía satisfactoriamente a sus reivindicaciones.

Las tensiones entre la carrera judicial y el Gobierno han ido en aumento en los últimos meses, principalmente tras la discrepancia del Ejecutivo con la sanción impuesta al juez del "caso Mariluz" por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña onubense.

El juez Rafael Tirado fue multado con 1.500 euros por permitir que Santiago del Valle siguiera en libertad pese a tener pendiente una condena por pederastia, tras lo que el Gobierno anunció que enviaría al Parlamento una reforma del sistema disciplinario de los jueces.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó el martes que la convocatoria de huelga de los jueces no es "razonable", ya que aseguró que el Ejecutivo está haciendo "el mayor esfuerzo" de la democracia para modernizar la Justicia.

Horas antes, el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que cuestionó la legalidad de una eventual huelga de los jueces, describió como injustificada, injustificable y decepcionante la reclamación de las asociaciones judiciales y apuntó al llamado "caso Mariluz" como el origen del descontento.

Entre las reivindicaciones de los magistrados se encuentran la instauración de la nueva oficina judicial, la informatización de los juzgados, la formación del personal de los tribunales y que se establezca una carga máxima de trabajo "razonable", así como una revisión de la estructura del sistema judicial.

Las asociaciones judiciales reclaman también que se instaure un sistema eficaz de sustituciones, medidas de conciliación con la vida familiar y que se adecuen de modo quinquenal las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, especialmente en cuanto al pago de las guardias.