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La justicia internacional no da inmunidad a gobernantes

Los jefes de Estado pueden ser procesados si cometen crímenes de guerra

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La orden de arresto dictada ayer contra el presidente sudanés, Omar al Bashir, consagra en la práctica un principio sobre el que los países reunidos en 1998 en Roma para elaborar el estatuto que regularía el primer tribunal internacional permanente de la historia debatieron mucho: el principio de que no hay inmunidad, ni siquiera para jefes de Estado en activo, ante crímenes de la magnitud del genocidio y los crímenes contra la humanidad.

'En los sistemas legales nacionales, los jefes de Estado gozan de inmunidad mientras están en el ejercicio de su cargo. Ello es así para evitar que sean demandados constantemente por las decisiones que toman como gobernantes y para evitar que estados rivales usen órdenes de arresto contra jefes de Estado como un medio para avanzar su agenda política', explica a Público Richard Dicker, de Human Rights Watch.

Por la gravedad de los crímenes que trata, la justicia internacional ha sido la excepción a esa regla y tanto los tribunales internacionales que juzgaron los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona o Camboya, como la Corte Penal Internacional (CPI) pueden procesar a jefes de Estado.

La CPI no puede juzgar a ningún imputado en ausencia. Por tanto, Bashir no será juzgado hasta que sea entregado al tribunal. 'Todos los estados miembros de la CPI tienen la obligación legal de detenerle y entregarle. Sin embargo, no hay ningún sistema de sanciones previsto para aquellos estados que no cumplan con esta obligación', añade Dicker.

La Unión Africana y la Liga Árabe se oponen al proceso contra Bashir. Es probable que ignoren la orden de arresto y ambas reiteraron ayer que tratarán de posponer el proceso pidiendo que se aplique el artículo 16 del Estatuto de Roma.

'El artículo 16 da al Consejo de Seguridad la capacidad de postergar durante un periodo renovable de un año cualquier procedimiento en marcha en la CPI', señala Andrew Solomon, de la Brookings Institution. 'Pero sólo puede hacerse en interés de la paz y bajo circunstancias excepcionales', precisa JohnNorris, fundador del proyecto Enough.

Su colega John Prendergast opina que sólo si Bashir firmara un acuerdo de paz habría una mínima posibilidad de que el artículo 16 se debatiese. 'Es posible que veamos cazas de brujas y expulsiones como consecuencia de la orden, pero Bashir sabe que le interesa ser percibido como un moderado y que la posibilidad de postergar su caso aumenta si firma la paz con los rebeldes', dice a Público Prendergast.

Además, dado el derecho de veto de miembros del Consejo de Seguridad que apoyan la actuación de la CPI, es improbable que la aplicación del artículo 16 sea aprobada.

El grueso de la presión política, opinan estos expertos, debe dirigirse hacia China, por su derecho de veto en el Consejo y por su condición de aliado de Sudán y gran inversor en su industria petrolífera.

'China tiene muchos intereses económicos en Sudán y le interesa que haya paz. Públicamente puede seguir defendiendo la posición de Jartum para apaciguarle, pero lo cierto es que el apoyo a Bashirestá disminuyendo hasta por parte de sus mayores aliados', opina Prendergast.

Una de las cuestiones que más preocupa es que la orden de arresto cause un aumento de los ataques a los desplazados de Darfur y a la misión de la ONU. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió ayer a Sudán que garantice la seguridad. John Norris, del proyecto Enough, no descarta ataques a corto plazo, pero a la larga, 'si van a por los cascos azules, dice eso sólo impulsará una respuesta internacional mayor contra Bashir'.