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Justicia se juega hoy el final de una huelga de dos meses

Los funcionarios votan si aceptan la subida de 180 euros

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A punto de cumplirse dos meses del inicio de la huelga de funcionarios de Justicia, que ha provocado un colapso judicial sin precedentes, el conflicto vivirá hoy un día clave para saber si se resuelve o se enquista aún más. Con ese horizonte, el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, aseguraba ayer por la mañana que ya había “un preacuerdo” sujeto a ratificación en el referéndum convocado para hoy y al que están llamados a participar más de 9.000 funcionarios. Los sindicatos se apresuraron a negar la existencia de pacto y llamaron a los funcionarios a votar no.

¿No a qué? A la última propuesta del Ministerio para equiparar con la media a los funcionarios de las siete comunidades sin competencias en Justicia, así como a los del Supremo y a la Audiencia Nacional. Y esa propuesta se cifra en una subida mensual de 180 euros, que se haría efectiva escalonadamente: 60 euros adicionales en cada nómina este año, 80 más por mes que se abonarían con carácter retroactivo en enero o febrero de 2009, y los otros 40, desde abril de ese año. El documento sujeto a referéndum reconoce de forma expresa la “dedicación” de los funcionarios, cuya profesionalidad cuestionó Bermejo hace una semana.

Los cuatro sindicatos aliados en la plataforma pro huelga –CCOO, CSIF, UGT y STAJ–, que piden 200 euros pagaderos desde el primer mes, consideran “insuficiente” la oferta. “Es una nueva tomadura de pelo”, espeta el portavoz de CSIF, Juan Antonio Martín. Si en el referéndum –habrá urnas en las sedes judiciales– triunfa el no, la huelga continuará, prometen las centrales.

“Salida al conflicto”

El porqué de dos versiones contrapuestas sobre el supuesto preacuerdo se sustenta en el acta de la última reunión de la comisión negociadora, que acabó a las 3.30 de la madrugada de ayer. En el acta, y  “compartiendo la voluntad de buscar una salida al conflicto”, los sindicatos admiten que la última oferta “mejora las anteriores” y suscriben la convocatoria de referéndum.  A partir de ahí, la discrepancia. “Si el ministro habla de preacuerdo, desconoce lo que hemos firmado o actúa de manera interesada”, avisa Javier Hernández, de CCOO, central mayoritaria junto con CSIF.