Hace unos años, un sector importante del Consejo General del Poder Judicial quiso introducir en el Libro Blanco de la Justicia la supresión de la jurisdicción militar como tal, dejándola para casos muy excepcionales, como pueden ser las fuerzas expedicionarias y las de guerra, declaradas o no. La idea no prosperó, a pesar de los contundentes razonamientos de los promotores.

Mantener la Justicia Militar, aunque reformada, fue una de las cosas que la Transición dejó en el tintero, como muchas otras que, si entonces no pudieron resolverse como era debido, sí se habrían podido abordar más tarde. Pero ¡ay! el acomodo en el sistema de los grandes partidos fue dejando en el olvido algunas cosas que, como todos los hechos que se ignoran, a fuerza de ser tozudos, acaban cobrándose su venganza.

Determinadas situaciones avalan no ya la reforma, sino la supresión de la Justicia Militar, cuyo ámbito, el de una sociedad muy jerarquiza, conduce inevitablemente a los jueces militares a no poder usar de su independencia como sería de desear e incluso, como manda el Derecho.

Una capitán juez, en el ejercicio de sus funciones, fue a realizar unas diligencias por sorpresa a un cuartel de Getafe. El coronel jefe de la Unidad le montó una escena y le exigió que le dijera lo que se proponía hacer, abusando de sus estrellas que si bien eran las mismas, eran más gordas. Lo malo es que luego hasta el Jefe del Estado Mayor del Ejército le vino a dar la razón al coronel.

Había soldados que infligían malos tratos - patadas y puñetazos y demás - a unos prisioneros en Irak

Hace poco nos encontramos con unos soldados que infligieron malos tratos - patadas y puñetazos y demás - a unos prisioneros en Irak, aquella guerra en la que estábamos, pero que no era una guerra según nuestros gobernantes. Destapado por un periódico el vídeo, la Justicia Militar identificó a los responsables y les acusó de acciones en contra de los usos de la guerra prohibidos en la Convención de Ginebra.

En la acusación iba implícita la absolución: los detenidos no eran soldados, sino terroristas sin el amparo de la Convención de Ginebra. Podíamos seguir exponiendo muchos casos, pero para muestras bien valen un par de botones. Y todo ello sin hablar del trato autoritario y a veces vejatorio que sufren las mujeres militares, hechos que suelen quedar en la impunidad.

Más allá del despropósito de considerar que los terroristas no tienen derechos o el de aplicar en España la misma doctrina en la que se basó George Bush para la apertura y mantenimiento de Guantánamo - no me hace muy feliz que aquí se eche mano de doctrinas como las usadas por ese señor -, son evidentes las dificultades de los jueces militares para ejercer sus funciones y que la impunidad en la que quedan algunas acciones no sería posible si la jurisdicción ordinaria fuera de aplicación.

Las razones que esgrimen algunos juristas militares sobre la peculiaridad de los militares para tener jurisdicción propia son aplicables a otros muchos sectores. Tal es el caso de la sanidad, sin ir más lejos. Los jueces necesitan asesores y a la hora de entender judicialmente en determinados sectores, más. Pues bien: legíslese al respecto.

Estoy seguro de que los profesionales de la jurisdicción militar son gente honorable que, en su inmensa mayoría, intenta hacer bien su trabajo. Es el sistema el que zozobra, el que hace que hace que la Justicia militar sea un oxímoron comparable al de los gritos del silencio.

Fernando Reinlein es periodista, teniente coronel de Infantería en la reserva e histórico miembro de la UMD