La Consejería de Justicia y Administración Pública ultima un protocolo de actuación que permita abrir el próximo otoño la fosa en la que supuestamente yacen los restos de Federico García Lorca, junto a los del maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

Fuentes de la Consejería han explicado a Efe que Justicia está elaborando un marco jurídico para iniciar las actuaciones que han de seguirse para excavar la fosa, ubicada entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar, en la que supuestamente está enterrado el poeta granadino.

Para ello, se partirá de una adhesión al protocolo sobre exhumaciones que tiene el Gobierno central para elaborar, posteriormente, uno propio y de carácter general que permita abrir este tipo de enterramientos y que podrá aplicarse a las solicitudes de apertura que efectúen otros colectivos o familiares de víctimas.

Respecto al caso de la fosa de Lorca, la consejería andaluza ha detallado que ya ha iniciado los contactos con la Diputación de Granada, el gobierno municipal de la localidad de Alfacar, asociaciones y familiares para poder abrir este enterramiento en los próximos meses.

Justicia tiene previsto acometer la apertura de esta fosa a pesar de que la voluntad de los descendientes del poeta granadino es contraria a esta actuación y siempre han manifestado su deseo de que los restos de Lorca reposen para siempre donde están, según publica en su edición de hoy el periódico El Mundo.

Estas actuaciones de la Junta se producen después de que la consejera de Cultura, Rosa Torres, asegurara que la Consejería de la que es titular no es competente para decidir sobre la exhumación de la citada fosa, al tratarse de un enterramiento contemporáneo y no arqueológico.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica decidió recurrir a la vía administrativa y solicitar las autorizaciones necesarias para las excavaciones a la Diputación y la Consejería de Cultura, después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazara asumir la causa de la exhumación, al no aceptar la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Posteriormente, el propio Garzón presentó ante el Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que decidiera qué órgano judicial debe asumir la causa de las exhumaciones de la fosa.