Los poderes especiales de vigilancia de los que se ha dotado el Gobierno británico en su lucha antiterrorista se han usado a veces hasta para perseguir a los dueños de perros que no recogen los excrementos de los animales.

Según documentación obtenida por el Partido Liberal Demócrata, en la oposición, al amparo de la ley sobre libertad de información, esos poderes se han utilizado en diez mil ocasiones para investigar delitos de poca importancia.

Entre los delitos perseguidos figuran casos de comercio callejero ilegal, abusos en las tarifas que cobran algunos taxistas o incluso el robo de las luces de un arbolito de Navidad.

Solo el 9 por ciento de las investigaciones hechas al amparo de esos poderes especiales han terminado en la imposición de alguna sanción a la persona observada.

Según los liberales demócratas, lo que ocurre con esa ley en muchos municipios británicos representan una nueva erosión de las libertades civiles en este país.

Cuando la llamada Ley sobre Poderes de Investigación entró en vigor, sólo se permitió utilizarla a nueva organizaciones, entre ellas la Policía y los servicios de seguridad, pero ahorra recurren a ella cerca de ochocientos entes públicos, denunció hoy Julia Goldsworthy, portavoz del Interior de ese partido.

"Para este Gobierno, las libertades civiles no son más que un estorbo provisional. De modo lento, pero constante se están erosionando esas libertades", dijo Goldsworthy.

Según la diputada liberal demócrata, "esos poderes de vigilancia deberían utilizarse sólo para investigar crímenes graves y debería además requerirse un mandato judicial".