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La ley limitará el juego online en menores y ludópatas

El Gobierno prepara una norma que regulará todos los aspectos de las apuestas a través de internet y móviles. Italia y Reino Unido exigen ya programas de verificación de la identidad

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El limbo de las apuestas online tiene los días contados en España. El Gobierno puso ayer en marcha el anteproyecto de la Ley del Juego, que incidirá de forma particular en las nuevas formas de apostar que hoy por hoy permanecen en situación de alegalidad en España. Con esta norma, el Ejecutivo pretende 'mitigar los efectos nocivos' que el juego puede provocar, según explicó ayer la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, tras presentar al Consejo de Ministros un informe sobre la futura norma. La regulación quiere proteger a los menores de edad y a los adultos con problemas de juego que quieran autoexcluirse.

El informe de la ministra de Economía y Hacienda, que prevé además crear un impuesto específico para cada variante de esta actividad, se preocupa en especial de dar encaje a las nuevas modalidades de juego surgidas del desarrollo tecnológico. A pesar del 'vacío legal' del que habló Salgado, este sector ya está desarrollado en España, con unas ganancias que crecen a un ritmo del 20% anual.

Al no estar regulado, no existen cifras oficiales sobre el volumen de jugadores que aprovechan los sistemas informáticos para sus apuestas en España, aunque algunos informes señalan que son alrededor de 200.000, como el elaborado por la compañía de seguridad digital S21sec.
Los afectados por la ludopatía habían reclamado desde hace tiempo que se pusiera algún tipo de coto a la participación de juegos de azar online en España. Los ludópatas pueden prohibirse la entrada en locales de juego presencial, como casinos y bingos, gracias a un registro que se sirve del DNI de los jugadores, una identificación que ha de presentarse a la entrada del local.

Sin datos oficiales, se calcula que hay 200.000 usuarios en España

En la actualidad, son 48.905 los nombres incluidos en el registro nacional y otros 26.922 en los distintos registros autonómicos, muchos de los cuales podrían ser coincidentes.
El Ministerio de Economía y Hacienda no quiso precisar ayer cómo pretende evitar que los jugadores que así lo deseen puedan limitar su acceso a las páginas web de apuestas.
Varios países europeos, como Italia o Reino Unido, regularon hace años este negocio y su experiencia puede ser de utilidad para el legislador español.

En estos países, los operadores de juego online deben introducir sistemas que permitan a sus clientes establecer un importe máximo para gastar en un periodo, y así evitar que gasten más de lo deseado. Algunos operadores permiten que sus clientes se autoexcluyan del uso de esa web de apuestas durante un mínimo de seis meses.

Casi 50.000 personas tienen prohibido el acceso a los casinos

Tanto en el caso italiano como en el británico, las empresas financian programas de investigación, formación y tratamiento de problemas derivados del juego, colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro que tratan la ludopatía.

A los operadores se les exige además contar con un proceso estricto de verificación de la edad para proteger a los menores y confirmar su identidad recurriendo a diversos métodos, entre ellos, la consulta de bases de datos de terceros.

Otros países, como Alemania o Estados Unidos, han prohibido por completo el juego online, recurriendo directamente al bloqueo de direcciones IP y de las transacciones financieras hacia empresas operadoras de juego en la red.

El producto estrella del negocio en internet son las apuestas deportivas, que generaron alrededor de 90 millones de euros de beneficios en España, aunque a lo largo de 2009 el póker se ha consolidado como el negocio del futuro, con un crecimiento del 50% en las ganancias generadas (65 millones). El sector espera para este año superar 'holgadamente' los 300 millones en beneficios.

La futura Ley del Juego, pendiente desde 2007, prevé regular publicidad de estas empresas y la articulación de un régimen sancionador que será tutelado por una Comisión Nacional del Juego ampliada con representación de las comunidades autónomas.

El Gobierno pretende que la norma esté lista para incluirse en la próxima Ley de Presupuestos del Estado, ya que entiende que 'debe entrar en vigor lo antes posible', según aseguró Salgado.