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La ley de muerte digna, celebrada como un derecho por unos y rechazada como eutanasia por otros

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El anuncio por el Gobierno de un proyecto de ley que regule los cuidados paliativos y la "muerte digna" ha sido recibido como reconocimiento de "derechos" por unos sectores sociales y una eutanasia encubierta por otros, mientras que ámbitos médicos han pedido que se consulte a los expertos para redactarla.

El presidente de Derecho a Morir Dignamente, el doctor Luis Montes, ha entendido como positiva "cualquier medida que garantice derechos de las personas en el proceso final de la vida", en la misma línea que la ley de muerte digna de Andalucía.

En declaraciones a Efe, ha estimado que si la norma va a mejorar dicho proceso "lo valora", aunque la cuestión es si se puede disponer o no de la propia vida, ya que, en una sociedad de derecho, "es elemental la determinación, la voluntad de vivir y eso lo tiene que garantizar el Estado y el marco jurídico".

Más allá de la futura ley, ha dicho Montes que existe "un clamor popular", que es el debate de la disponibilidad de la propia vida, del suicidio y de la eutanasia.

Montes fue cesado en 2005 por la Comunidad de Madrid como jefe de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, tras dos denuncias anónimas sobre mala praxis médica en la administración de fármacos a pacientes terminales, aunque esta acusación no prosperó finalmente en los tribunales.

Por el contrario, la organización Derecho a Vivir interpreta que el Gobierno "quiere colar la eutanasia por la puerta de atrás" y, en su lugar, debería "dotar de más y mejores medios" para que funcionen la ley de dependencia y los servicios de cuidados paliativos.

Su presidenta, la doctora Gádor Joya, asegura en un comunicado que la ley que aprobará el Ejecutivo "es absolutamente innecesaria" y puede llevar a que el criterio del paciente esté por encima del médico, así que el profesional "se vea en la obligación de acabar con la vida a petición".

Al anunciar el proyecto de ley, que estará listo en marzo próximo, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha querido precisar hoy que la regulación "no tiene nada que ver con la eutanasia", sino con garantizar los derechos de los pacientes, sus familiares y médicos y "a morir dignamente", que es lo mismo que decir "sin dolor".

La asociación El Defensor del Paciente ha señalado en un comunicado que esperará a conocer la ley, si bien ha aclarado que no permitirá que ninguna norma se haga sin consenso y consentimiento del paciente o de sus familiares si éstos estuvieran incapacitados para decidir.

"La Constitución es muy clara y ni el Gobierno, ni los jueces, ni médicos, ni el Rey podrán anteponerse al deseo de decidir de los pacientes o familiares", ha insistido la asociación.

Ha precisado que estará de acuerdo si se recoge el consentimiento para someterse a estos tratamientos con la información "precisa y escrita", pero la rechazará si permite "la forma de actuar" que, según El Defensor del Paciente, tuvo el doctor Montes.

La Asociación Nacional de Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia cree innecesaria la nueva norma por existir otras como la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002; y la Conferencia Episcopal esperará a conocer los detalles del proyecto.

La Ley de Autonomía citada prevé que cualquier mayor de edad pueda suscribir un documento de voluntades anticipadas (testamento vital) en el que deje constancia de los tratamientos que quiere recibir en un estado terminal.

Según datos de las CCAA, más de 60.000 españoles habían inscrito su "testamento vital" en los registros autonómicos entre 2002 y febrero de 2009.

El director asistencial del Hospital Centro de Cuidados Laguna (concertado con la Comunidad de Madrid), Javier Rocafort, ha enfatizado la importancia de evitar confusiones entre distintos conceptos, para lo que ha reclamado que se tenga en cuenta el asesoramiento de los profesionales de los cuidados paliativos.

"Vemos con mucha confianza el anuncio para que se haga una ley que mejore las garantías y derechos de los pacientes", ha señalado.

Rocafort ha interpretado que la Ley de Autonomía reconoció el "derecho a elegir", pero hace falta regular la formación y acreditación de los profesionales, que las familias puedan tener permisos para atender a los enfermos, potenciar la investigación y, quizás, "mejorar la definición" de algunos derechos.

Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), ni la sedación paliativa ni la terminal son eutanasia encubierta, por cuanto que los objetivos, procedimientos y resultados son totalmente distintos.