Publicado: 14.11.2013 16:46 |Actualizado: 14.11.2013 16:46

La ley de Seguridad Ciudadana, "una mordaza para los que protestan"

El anteproyecto de ley que anunció Fernández Díaz en el Congreso supone el endurecimiento de una represión contra los movimientos ya denunciada por organismos internacionales, juristas y partidos políticos

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El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados que ya estaba listo el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que en los próximos días pasará a la Cámara para que sea discutida por los parlamentarios. Viene a sustituir a la anterior legislación, que data de 1992, la denominada Ley Corcuera, en referencia al ministro socialista que la impulsó. Con esta nueva legislación, el Partido Popular pone el punto de mira en la protesta ciudadana contra las políticas de austeridad. Los escraches, manifestarse sin autorización frente al Congreso de los Diputados o la quema de contenedores dejarán de ser considerados como faltas para ser tipificados como infracción, que podrán ser leves, graves o muy graves y que irán acompañadas de un endurecimiento de las sanciones que establece la reforma del Código Penal.

Esto supone una nueva vuelta de tuerca y un blindaje a la acción del Gobierno y la Policía contra los movimientos sociales, una acción que el propio Consejo de Europa ya condenaba recientemente. El pasado mes de octubre el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, llamó la atención al Gobierno de Rajoy después de constatar que las autoridades recurren a un "uso excesivo de la fuerza" contra las manifestaciones ciudadanas, importantes violaciones de los derechos humanos como la tortura o el racismo institucional siguen siendo practicadas por funcionarios públicos y el Gobierno favorece la impunidad policial indultando a agentes condenados en casos de malos tratos y torturas.

Sixto (IU): "Por encima de la voluntad del ministro está la garantía de los derechos constitucionales"

Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida en el Congreso, asegura que el objetivo del PP con esta nueva legislación es "dar naturaleza legal" a las actuaciones de las autoridades que han sido denunciadas por los organismos internacionales. En declaraciones a Público, asegura que, ante todo, "lo que tiene que quedar claro es que por encima de la voluntad de cualquier ministro de dificultar y perseguir la protesta ciudadana está la garantía de los derechos constitucionales", porque "manifestarse es un derecho y no está justificada la represión desmedida sólo porque no esté comunicada a Delegación de Gobierno". De esta forma, Sixto recuerda que los propios tribunales españoles dijeron que los escraches son una manifestación como otra cualquiera y, por lo tanto, no cabe castigarlos como un delito. "El ministro quiere poner una mordaza en la boca de cada español que protesta".

Los activistas de los movimientos sociales vienen denunciado esta situación desde hace tiempo. Hasta el momento, desde que comenzaron las movilizaciones en mayo de 2011 se han puesto 1.136 multas administrativas a manifestantes que habían sido identificados por participar en protestas, 230 sólo entre enero y abril de 2012, según los abogados del movimiento. Además, desde la Asamblea de Vivienda, estiman que sólo en Madrid hay un total de 40.000 euros en multas por escraches. El centro de las críticas ha sido la delegada de Gobierno Cristina Cifuentes. Hasta en cuatro ocasiones, los juzgados han desautorizado las multas que imponía la institución que ella dirige  al considerar que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia del manifestante.

Sólo en Madrid hay más de 40.000 euros de multas por participar en escraches

La comisión de abogados del 15-M ha denunciado en diversas ocasiones que "la práctica de sanciones indiscriminadas contra la ciudadanía que se moviliza obedece a una política de represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta social". Más multas y menos detenidos ante el juez. Y es que en la inmensa mayoría de los casos los jueces no dan por válidas las acusaciones presentadas por la Policía y los arrestados suelen quedar en libertad sin cargos. De hecho, hasta el pasado verano, ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones por los agentes de Policía había sido condenado.

"En los últimos tiempos ha habido un cambio en la forma de represión", explica Ignacio Martín, abogado con experiencia en este tipo de casos, "ahora está más basada en el proceso administrativo, porque han visto que el proceso penal es más garantista y los detenidos siempre quedan absueltos". En este sentido, asegura que "en este momento de paro y precariedad poner muchas multas es más lesivo que una condena de cárcel que nunca se cumple". En cuanto a los efectos que tienen en los activistas detenidos, Martín asegura que las multas generan "miedo a la deuda, una sensación de control del Estado y de indefensión". "El proceso penal asusta más pero el administrativo genera un control más sutil, más basado en el miedo, un control menos espectacular pero más constante" asegura el letrado.

 

En enero, Amnistía Internacional entregó en el Ministerio de Interior entregar más de 60.000 firmas para pedir al Gobierno que investigue los abusos cometidos en las cargas policiales que se produjeron al final de la manifestación del 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del Congreso de los Diputados. En el comunicado, AI también denunciaba que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó pretendía prohibir la difusión de imágenes de agentes de Policía en ejercicio de sus funciones en la próxima Ley de Seguridad Ciudadana. Dado que el texto aún no se ha hecho público, se desconoce si Fernández Díaz ha incluido finalmente este punto, puesto que el miércoles no hizo referencia al respecto.

"Las multas son represión de baja intensidad orientada a desincentivar la protesta"

Sin embargo, para el ministro "el objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil Policía y fuerzas de seguridad". En cuanto a la criminalización de las protestas pacíficas, se justificó aduciendo que "no estaba contemplado, por ejemplo, las manifestaciones no autorizadas o los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y determinados actos que puedan realizarse al margen de la ley y que puedan ser una amenaza y que no están tipificados como delitos".

Tal es el empeño del Gobierno que, mientras todas las partidas presupuestarias han ido descendiendo, la destinada a Interior no ha parado de subir. El presupuesto para el Ministerio de Fernández Díaz asciende a 8.028 millones de euros, cifra que supone un incremento del 1,3% respecto a los del presente ejercicio, en un momento en el que el conjunto de las partidas generales del Estado ha experimentado un descenso del 4,7%. Para él, esto es una forma de salvaguarda de la seguridad "en todas sus dimensiones".

La nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana viene a sustituir a la anterior, la conocida como Ley Corcuera, aprobada el 21 de febrero de 1992, y que en su día ya fue criticada duramente por todos los grupos políticos de la oposición, los sindicatos y la sociedad civil. Fue esta legislación la que sentó las bases sobre las que actualmente se basa la actuación de las fuerzas de seguridad. El propio Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo del artículo 21, que daba a cada agente la facultad de decidir entrar en una vivienda bajo sospecha de que ahí se estaban produciendo hechos delictivos relacionados con estupefacientes.

En 1992, tanto el líder conservador, José María Aznar, como el de IU, Julio Anguita, se opusieron a la Ley Corcuera. Aunque Aznar luego la aplicó sin cuartel durante su mandato. En 1991 Anguita ya afirmó que la democracia española "está adquiriendo rasgos de régimen autoritario". Esta ley se está actualizando en la actualidad para multar a manifestantes con sanciones de 1.500 euros, como convocantes de una concentración no comunicada.