El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, dijo hoy en el Senado que "se ha cumplido estrictamente la normativa española" en las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) con las modificaciones introducidas en el reglamento electoral.

Lissavetzky explicó que los cambios relativos a los requisitos de los candidatos para optar a la presidencia, como el número de avales que debían presentar y el sistema de voto por correo para elegir a los miembros de la asamblea -ya votados-, "ha subsanado las deficiencias" que presentaban en el reglamento presentando inicialmente por la RFEF, según ha estimado la Junta de Garantías Electorales.

"Se pedía un año de antigüedad en contra de la orden y ya no se pide; un sólo aval por asambleísta cuando en la orden permitimos más de uno y ahora es así; era necesario un 25% de avales y ahora es un 15%; el voto por correo ahora es todo ante notario y el voto electrónico se va a llevar a cabo si hay quien lo pide", afirmó.

El secretario de Estado indicó que aunque falta por conocer la resolución de un juzgado sobre el recurso presentado por la oposición al presidente Angel Villar para suspender cautelarmente el proceso, ya hay un fallo de otro juzgado en contra de esta reclamación. La Junta de Garantías Electorales rechazó anteriormente todos los recursos presentados en este sentido.

"Se ha cumplido la orden ministerial de una manera muy clara. Dije que se iba a respetar el ordenamiento jurídico vigente de España y lo mantengo. Lo digo y lo demuestro y mantengo que esto es compatible con el código modelo de FIFA", señaló Lissavetzky, en respuesta a una de las preguntas del senador balear del Grupo Mixto, Pere Sampol, sobre presuntas irregularidades en las elecciones federativas.

Lissavetzky añadió también que el CSD "no tiene legalidad ni competencia" para adoptar medidas cautelares" contra los directivos de la RFEF imputados en la investigación que sigue el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid sobre la gestión económica de este organismo y que "actuó en defensa del interés de los ciudadanos" al exigir a ésta el reintegro de 4,9 millones de euros por las subvenciones no justificadas de los años 2002 y 2003.

"Se están investigando delitos fiscales, por eso hay una nueva citación. Se empezó con presuntas irregularidades económicas y ahora hay informes periciales que pueden derivar a un presunto delito fiscal. El CSD no tiene ni legalidad ni competencia. Si la hay será la Agencia Tributaria, pero habrá que esperar a la decisión del juez si hay juicio oral o sobreseimiento", dijo.

Tras recordar que cuando llegó al CSD se encontró con la subvención de la RFEF congelada por decisión del anterior Gobierno y que mantuvo esta situación hasta 2007 después del reintegro del dinero, Lissavetzky aludió al informe de fiscalización de las cuentas de la Federación elaborado por el Tribunal de Cuentas, cuyas conclusiones se han tenido en cuenta para reforzar el control.

"El Tribunal concluye en inexistencia de alcance en los fondos del CSD por lo que no ha lugar al enjuiciamiento de cuentas, pero ha habido una actuación en la que se ha defendido el interés de los ciudadanos. Se ha devuelto el dinero a las arcas públicas y hemos establecido más órganos de control. La RFEF ha pasado de tener una opinión desfavorable en la auditoría de 2004 a tenerla favorable en los siguientes", indicó.

Tras abundar en que ahora se exige una justificación previa de la subvención a las federaciones, el secretario de Estado se refirió a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha declarado ilegal la cesión de terrenos por el Ayuntamiento de Las Rozas para edificar en este municipio la Ciudad del Fútbol.