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Llaman a juicio a un ex jefe de la inteligencia colombiana por el asesinato de Galán

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El general retirado Miguel Maza Márquez, ex jefe de la central de inteligencia colombiana, fue llamado a juicio por homicidio agravado con fines terroristas por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, informaron hoy fuentes judiciales.

El fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, indicó a los medios locales que el fiscal que lleva el caso decidió llamar a juicio a Maza por su presunta responsabilidad en el asesinato de Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en la población de Soacha, cerca de Bogotá.

En abril pasado Maza quedó en libertad por vencimiento de términos en el caso, pero en septiembre la Procuraduría (Ministerio Público) envió una petición a la Fiscalía para que el general retirado fuera llamado de nuevo a juicio.

El abogado de Maza, Daniel Suárez, adelantó a Caracol Radio que su cliente se entregará "inmediatamente" a las autoridades para "colaborar con la justicia".

Maza "no tiene interés en evadir la justicia", subrayó su abogado.

Según versiones extraoficiales de los medios, Maza ya se ha entregado a las autoridades en un centro de la Policía Nacional en Bogotá.

El general retirado, que siempre ha insistido en su inocencia, era director de la central estatal de inteligencia (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) cuando fue asesinado Galán, entonces candidato presidencial de Partido Liberal Colombiano (PLC) y favorito para ganar las elecciones en 1990.

Según la Procuraduría, "existen testimonios creíbles, indicios, peritaciones, inspecciones judiciales y otros medios de prueba" contra Maza en la investigación por el crimen de Galán, considerado "un homicidio con fines terroristas y un delito de lesa humanidad".

Esas pruebas "apuntan a la participación de varios servidores del Estado que, como el general en retiro, se enteraron con antelación del atentado que se preparaba en contra del candidato presidencial y, en lugar de evitarlo, coadyuvaron a que se cometiera".

Para facilitar el crimen, se cambió y debilitó el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial, de acuerdo con la Procuraduría.

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