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"Se llevaron el pan y la sal de nuestras casas"

Familiares de víctimas del franquismo relatan ante el Supremo las dificultades para buscar a sus muertos

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Este miércoles está señalado en rojo en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo: es el turno de los testigos de la defensa, de las víctimas de la dictadura. La primera oportunidad para muchos de relatar ante un tribunal de justicia lo que les ocurrió a su familiares, aunque lo que se juzgue sea otra cosa. 

Las primeras en declarar fueron María Martín López y María del Pino Sosa, de 81 y 75 años respectivamente.Las dos contaron ante los siete magistrados del Tribunal Supremo  las dificultades a las que se enfrentaron en la búsqueda de sus familiares represaliados antes de interponer denuncia por lo sucedido ante la Audiencia Nacional.

María Martín, una mujer enlutada y con el pelo cano que tardó varios minutos en acceder a la Sala debido a que tenía que caminar muy despacio y ayudada de un andador. Con un casi imperceptible hilo de voz, narró que a su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6 años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, 'pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima'.

Según Martín, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna Administración había hecho 'nada' por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Avila), pese haberse dirigido por carta a muchas de ellas.

El mismo día que mataron a su madre también se llevaron de su pueblo a 27 hombres y tres mujeres. 'Sólo un hombre se escapó, y no lo encontraron'.

Tras concluir este testimonio, el abogado del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejerce la acusación, pidió la palabra para señalar que no entendía la presencia de estos testigos dado el objeto del procedimiento que se está viendo ante esta Sala, que es la presunta prevaricación cometida por Garzón. El presidente del tribunal, Carlos Granados, le contestó de forma rotunda: 'Es el presidente el que determina las pruebas que son pertinentes'.

La segunda testigo, María del Pino Sosa, ratificó ante el tribunal que la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (Gran Canaria), que ella representa, fue de las primeras que presentó denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. Esta agrupación denunció en dicho momento más de 500 desapariciones, pero se han ido sumando muchas más.

'El Estado no se ha concienciado de que debe entregar a la población civil, a los historiadores, el acceso a estos archivos para documentar el proceso represivo'

Sosa ha manifestado ante el tribunal que no supo nada de su padre desde que 'se lo llevaron', y que su madre nunca quiso aceptar la declaración de fallecimiento. 'Se los llevaron vivo y vivo lo reclamaba', señaló, para añadir que 'se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas'.

A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, la testigo recordó que, ante la tardanza de Garzón en tramitar sus denuncias, su asociación presentó una queja en noviembre de 2007 en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que pedían explicaciones por estas delaciones en relación con los delitos de lesa humanidad denunciados.

Señaló que su asociación empezó denunciando los hechos en un juzgado de Las Palmas, aunque el caso fue archivado. 'Reclamar era mi deber', afirmó. En un momento de su declaración, el abogado de Manos Limpias preguntó a esta testigo si su asociación recibe ayudas públicas, a lo que Sosa ha respondido que no.

Tras un receso, declaró el historiador Angel Rodríguez Gallardo en representación de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra). Rodríguez Gallardó señaló que según sus investigaciones ha podido determinar que a partir de 1936 en la citada comarca, y por extensión en todo el terrotorio nacional, se llegó a cometer un 'genocidio' en cumplimiento de un 'plan sistemático para eliminar a los responsables del gobierno legítimo de la República'.

Según manifestó el testigo a preguntas del abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, su investigación iba dirigida a 'conocer exactamente cómo se habían producido las muertes y donde estaban esas personas', que habían sido encarceladas, torturadas y en un 'volumen muy significativo' continuaban desaparecidas.

'Presentamos denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 para intentar saber cómo se había producido el proceso final, al que nosotros no podíamos llegar', dijo el historiador. Igualmente, a preguntas del abogado de Manos Limpias, Jorge Maria Ruiz, reconoció que su asociación presentó otra denuncia en Porriño (Pontevedra) por una fosa existente en la zona. La juez de este municipio se consideró no competente y derivó el asunto a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que les contestó que estaba pendiente de lo que ocurriera en el Juzgado de Garzón.

Rodríguez Gallardo indicó también que los historiadores podrían determinar cómo se produjo dicho 'plan sistemático de eliminación' si pudieran acceder a los archivos penitenciarios, de la Policía y de la Guardia Civil. 'Pero todavía las instituciones del Estado no se han concienciado que deben entregar a la población civil, a los historiadores, el acceso a estos archivos para documentar el proceso represivo', añadió el testigo para justificar que, por ello, investigar lo ocurrido al margen de un procedimiento judicial es 'imposible'.

'Lo que buscábamos era encontrar a partir de una investigación juicial una reproducción lo más fiel posible de lo que ocurrió con las víctimas del franquismo y que se les pudiera reparar de alguna manera', insistió.

A preguntas de la acusación particular, el historiador dijo que 'por datos históricos' puede afirmar que no han existido actuaciones judiciales anteriores a Garzón que hayan investigado este asunto, porque si bien en 1978 se creó un 'tribunal de la verdad' y se intentaron abrir algunas fosas, 'pero todo ello quedó paralizado con el golpe de Estado del 23-F'. Posteriormente, el Gobierno socialista de 1982 'decidió apartarse de este proceso', que no se ha retomado hasta el presente siglo, según el testigo, cuando se abrieron los archivos del Ejercito y los historiadores 'pudimos empezar a mirar'.

'Lo que se produjo es una cosa terrorífica', añadió Rodríguez Gallardo. 'Somos personas sensibles y hemos viajado, y hemos visto que en otros territorios del mundo se habían producido denuncias por hechos similares y aquí no', explicó el testigo, para concluir, a preguntas del abogado de Manos Limpias, que su asociación sólo ha obtenido una subvención en una ocasión.