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Lluc Sánchez: "En España ha aumentado el racismo institucional"

El portavoz de SOS Racismo Madrid critica que no haya voluntad política para aprobar en el Congreso una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación

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Los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular han sido uno de los colectivos más afectado por los recortes, pero su condición de invisibles provoca que rehúyan la estadística y no aparezcan en padrones ni censos. Lluc Sánchez, abogado especializado en extranjería y portavoz de la delegación madrileña de SOS Racismo, denuncia que la discriminación a los inmigrantes sin papeles se ha institucionalizado. Hasta el punto de que la asistencia sanitaria universal ha dejado de ser un derecho en varias comunidades autónomas, todas gobernadas por el Partido Popular.

¿Ha acarreado la crisis económica un aumento del racismo en España?

Ha aumentado el racismo institucional, o sea, las medidas de la Administración o del Gobierno contra los inmigrantes. Pero no se puede decir que haya más conflictos entre los ciudadanos.

¿No podemos hablar entonces de discriminación laboral asociada a la falta de trabajo?

La crisis está afectando más al colectivo inmigrante, como ha documentado el colectivo Ioé.

Los españoles que emigran acaparan la atención mediática, pero son muchos más los extranjeros residentes en España que se han ido a otros países o regresado a su tierra.

Unos 500.000 inmigrantes (de 5,5 millones) han tenido que regresar a sus países, mientras que muchos han emigrado a Francia o Bélgica, aunque no tenemos datos fiables al respecto.

¿Pondría coto al racismo su propuesta de crear de una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación?

Un instrumento así es positivo y necesario, pues no existe, al contrario de lo que sucede en los países de nuestro entorno. Pero no ha habido voluntad política para aprobar el proyecto de ley que elaboró el PSOE antes de la llegada de Rajoy.

¿Hay redadas racistas en Madrid? ¿Y en el estado español?

Sí, aunque su perfil ha cambiado. Antes eran visibles (la policía entraba en los locutorios y se apostaba en las bocas del metro) y ahora se disfrazan (los agentes van de paisano y piden la documentación hasta en los andenes). Desconocemos si se producen fuera de la capital.

¿El criterio de la policía es el color de la piel o se ampara en la prevención de delitos para llevarlas a cabo?

Buscan a personas sin permiso de residencia y, para ello, sólo tienen en cuenta el perfil físico. Van a la caza de los sin papeles para incoar órdenes de expulsión. No tiene nada que ver con la delincuencia, pues no son identificaciones en el contexto de una investigación policial.

Dos mujeres fueron detenidas en Madrid por preguntar los motivos por los que la policía pretendía identificar a un ciudadano africano. ¿Son frecuentes estos casos?

Sí, sobre todo entre los colectivos que intentan fiscalizar las identificaciones ilegales, como las Brigadas Vecinales, que han sido sancionadas. Por otra parte, los extranjeros sin papeles que pasan por nuestras oficinas aseguran que son registrados por la policía todos los meses.

¿Cree que actualmente se está produciendo un auge de la ultraderecha en España?

No hemos detectado un repunte de la extrema derecha, que en el Estado español es marginal. Al contrario de lo que sucede en Hungría, Grecia, Finlandia, Dinamarca o Francia, aquí el potencial electorado ultra es un caladero del PP. Parte de esos votantes apoyan al PP porque hay una parte de la extrema derecha que forma parte de ese partido.

Cada vez son más las personas que mueren o desaparecen mientras intentan llegar a las costas europeas. En el caso español, fallecieron 131 inmigrantes en 2010 y, en lo que va de este año, 225. Mientras, Bruselas estudia blindar las fronteras mediante el uso de drones.

Es un paso más de la política de extranjería que hay en la UE para construir una Fortaleza Europa, que genera muertes y un gran sufrimiento humano. Es una aberración.

¿Cómo ha afectado el recorte en sanidad a los extranjeros sin permiso de residencia?

Depende de la comunidad autónoma. Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Comunitat Valenciana [todas gobernadas por el PP] aplican el Real Decreto-ley 16/2012 a rajatabla, dejando sin asistencia sanitaria a los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular. Es dramático, hasta el punto de que ya ha habido un fallecido en Baleares porque no tenía tarjeta sanitaria.

¿Cree que la supresión del Fondo para la integración de inmigrantes, creado por Zapatero en 2004, se debió a una cuestión presupuestaria o responde a causas políticas e ideológicas del Gobierno del PP?

Hay una voluntad política de dejar sin fondos la integración. Ahora mismo se destinan cero euros.

Y el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) sigue sin ser regulado, como han denunciado en su informe anual sobre el racismo en España.

Por una parte, el mero hecho de que existan ya supone un problema. Es una aberración que encarcelen o encierren a ciudadanos extranjeros que no han cometido ningún delito porque, simplemente, no tienen papeles. Por otra, no están regulados, por lo que hay mucha discrecionalidad por parte de los directores de los centros. Esta opacidad da lugar a que haya abusos y malos tratos a los internos.