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Lobo afirma que "no hay inocentes" en el derrocamiento militar de Zelaya

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El candidato del opositor Partido Nacional hondureño, Porfirio Lobo, afirma que "no hay inocentes" en el derrocamiento del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que fue, en su opinión, consecuencia directa de los conflictos internos en la cúpula de poder.

En una entrevista publicada hoy por el diario alemán "Süddeutsche Zeitung", Lobo asegura que el propio Zelaya fue "quien más contribuyó" al clima de "permanente confrontación" en el seno del gobernante Partido Liberal.

Asimismo, critica como "atípico" el derrocamiento del presidente depuesto a través de la "violencia militar" que, a su juicio, ha tenido como consecuencia un incremento de la pobreza y el desempleo en Honduras.

Por ese motivo, insistió en pedir a la comunidad internacional que no se "castigue" a la población con el retiro de la cooperación destinada a programas sociales en represalia por los conflictos políticos.

"Se pueden imponer sanciones contra un Gobierno y condenar su actuación, pero suspender las ayudas que benefician a la gente más sencilla, no tiene ningún sentido", apunta.

Lobo añade que la crisis institucional en Honduras no la han provocado los más desfavorecidos "sino el Gobierno" del país.

Honduras fue suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras el derrocamiento de Zelaya y se ha quedado sin poder acceder a la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Además, el Banco Mundial congeló fondos destinados a este país, el tercero más pobre de América Latina, por 270 millones de dólares.

Honduras afronta una profunda crisis política desde el pasado 28 de junio, cuando Zelaya fue derrocado y sacado del país por los militares.

El Congreso nombró en su lugar a Roberto Micheletti, hasta entonces presidente de la cámara baja, quien no cuenta con el reconocimiento internacional.

El derrocamiento se produjo el mismo día en que Zelaya pretendía llevar a cabo una consulta popular con vistas a una reforma constitucional, a pesar de que había sido declarada ilegal por varias instituciones del Estado.