La fiesta se acabó. Después de años de conceder toda clase de privilegios a la industria financiera, el Gobierno británico se decidió este miércoles a obligar a los bancos y a sus bien pagados empleados a asumir una parte del impacto de la crisis.

El ministro de Hacienda comunicó al Parlamento, en la presentación de las líneas generales de los presupuestos del próximo ejercicio, que los bonus a los directivos bancarios sufrirán un impuesto extraordinario del 50%.

Las primeras 25.000 libras estarán exentas del pago de este recargo, aunque no lógicamente de que cada beneficiario las incluya en su declaración de la renta, en la que el tipo máximo es ahora del 40% (el 50% a partir de abril).

El Gobierno pretende que sean los bancos los que paguen el impuesto, no sus empleados con el fin de que sirva de incentivo para limitar las remuneraciones.

Afectará a centenares de bancos y sociedades financieras. No se librarán las empresas norteamericanas y europeas que tienen sucursales en el Reino Unido.

Se calculá que la medida afectará a 20.000 empleados del sector financiero, de los que unos 5.000, según el viceministro Lord Myner, cobrán más de un millón de libras anuales.

Cabe la posibilidad de que los bancos intenten escaparse con un aumento de los salarios en detrimento de los bonus o aplazando el pago hasta después de abril, cuando el impuesto ya no esté en vigor. En ese caso, quienes saldrían perdiendo serían los directivos, a los que desde ese mes se aplicará un 50% en su cotización fiscal.

Darling también hizo públicos algunos de los recortes de gasto inevitables en un país  que tendrá este año un déficit presupuestario de 178.000 millones de libras. Habrá departamentos con recortes del 10% para proteger a la sanidad –cuyo gasto crecerá al nivel de la inflación– y la educación –un 0,7% de aumento sobre la inflación–.

Los funcionarios tendrán un límite del 1% en sus aumentos salariales durante dos años desde 2011. Hasta entonces, los convenios ya firmados prevén incrementos algo superiores al 2%.

Todas las decisiones del Gobierno son ya en clave electoral. Los recortes de gasto no se pondrán en vigor hasta después de las elecciones en mayo de 2010.