El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, tendrá que declarar en calidad de imputado al admitir un juzgado madrileño una querella de una asociación jurídica que le acusa de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, según un auto conocido el viernes.

El Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro se querelló contra el diputado socialista por las "subvenciones concedidas en 2008 y 2009 a la Fundación Alternativas, de la que López Garrido es patrono", indicó el auto, al considerarlas delitos de prevaricación y malversación de caudales.

El juez Marcelino Sexmero, del Juzgado de Instrucción número cuatro de Madrid, ha decidido aceptar la querella y citar al secretario de Estado a declarar el 4 de diciembre.

Tras conocer la noticia, López Garrido dijo estar "absolutamente tranquilo".

"Voy a hacer todas las declaraciones del mundo, responder a todas las preguntas que se me hagan sin ningún problema, pero voy a ver primero los papeles que el juzgado me ha mandado y que no he visto", dijo en declaraciones a periodistas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que espera que este asunto se resuelva "rápidamente".

"Confiamos en que todo esto se acelere rápidamente", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras mostrar su respeto por la decisión judicial.

En la Fundación Alternativas no hubo nadie disponible para hacer declaraciones.

López Garrido, de 62 años, es licenciado en Ciencias Empresariales y catedrático de Derecho Constitucional. Ha sido diputado al Congreso en las cuatro últimas Legislaturas, y entre 2006 y 2008 fue portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Ocupa el cargo de secretario de Estado para la Unión Europea desde abril de 2008, un puesto especialmente importante en estos momentos en los que España está a punto de asumir la presidencia de turno de la UE a partir de enero.