El Gobierno Vasco pagará 225.076 euros a 250 familiares de presos de ETA para sus desplazamientos a las cárceles.
La orden de convocatoria se aprobó el 4 de marzo de 2009 por el Ejecutivo de Ibarretxe dos meses antes de la entrada del Ejecutivo de López.
El desembolso no es un deseo, sino una obligación derivada del rechazo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la petición del Gobierno español de suspender de manera cautelar estas ayudas al entender que la ejecución de esas ayudas supondría una 'trasgresión irreparable' a la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo.
El TSJPV no lo entendió así y denegó la suspensión cautelar de la convocatoria de las ayudas. El Alto Tribunal justificó su decisión al considerar que aunque en la mayoría de los casos tales ayudas irán a familiares del 'círculo etarra', 'ello no entraña necesariamente una legitimación ética, social y política del terrorsmo'.
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