En la puerta del Sol de Madrid, las colas delante de las administraciones para comprar lotería de Navidad eran ayer enormes. Unos metros más lejos, las principales asociaciones de administraciones de loterías se manifestaban delante del Ministerio de Economía para protestar contra lo que consideran una privatización del sector y que Loterías y Apuestas del Estado (LAE) desmiente.

En concreto, su caballo de batalla son dos disposiciones que aparecen en la Ley de Presupuestos Generales de 2010, la 32 y la 34. Esta última es especialmente controvertida. Establece que los puntos de venta, hasta ahora concesiones administrativas, estarán sometidos al derecho privado. Es decir, a partir de ahora quien quiera establecer un punto de venta de loterías y juegos del Estado tendrá un contrato privado y se someterá 'en su selección, contratación, extinción y régimen jurídico'al derecho privado 'con respeto a los principios de publicidad y concurrencia'. Loterías y Apuestas del Estado valorará las ofertas presentadas para nuevos puntos de venta y decidirá en un plazo breve de tiempo cuál es la mejor.

Los titulares actuales de los puntos de venta podrán decidir voluntariamente en el plazo de un año si se adaptan al nuevo régimen o permanecen como están. Sólo los nuevos negocios a partir del 1 de enero de 2010 se regirán obligatoriamente por el derecho privado.

Para las principales asociaciones de administraciones de loterías (Apla, Anapal y Fenapal) el fin último de esta disposición es 'privatizar la industria de loterías y apuestas'.

El secretario de Fenapal, Javier Fernández Zapico, explica que 'se está abriendo la puerta a grandes empresas, lo que supone un grave daño para el ciudadano y para los administradores'. Las asociaciones ven peligrar los 12.000 puestos de trabajo que dan las 4.000 administraciones de lotería de España.'Significa privatizar un bien público que funciona eficientemente', dice por su parte el presidente del Foro Alea, Fernando Gudiña, que reúne a todas las asociaciones. El presidente de Anapal, Manolo Izquierdo, señaló ayer que están estudiando hacer 'la primera huelga en la vida de las Administraciones de Lotería' como respuesta.

El director comercial de LAE, Juan Antonio Gallardo, asegura que no se trata de una privatización: 'Quien quiera podrá seguir como hasta ahora y el derecho privado hará que cualquier decisión se tome con mucha más rapidez. Las administraciones venderán los décimos tradicionales en exclusiva, además de disponer de un sistema por el que podrán despachar cualquier número de la lotería que le soliciten siempre y cuando esté disponible '. El resto de puntos de venta dispondrán de un terminal que expedirá resguardos (como los actuales de la primitiva, por ejemplo) en lugar de décimos de lotería, aunque tendrán la misma validez. La única diferencia será el papel.

2% del beneficio como garantía
La disposición 32 del proyecto de Presupuestos establece que a partir de 2010 se destine un 2% del beneficio neto anual de LAE a dotar su fondo de reserva para garantizar su “capitalización y fondo de maniobra, su plan general, la adquisición de inmovilizado, la adaptación tecnológica precisa y la inversión en nuevos mercados o productos”.

En contra las asociaciones protestan
Las principales asociaciones de loteros consideran inútil la inversión y creen que irá a parar a “nuevos juegos y nuevos canales de venta ” que les perjudicarán.