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Lula paga con petróleo el gasto social

Brasil definirá un nuevo marco legal para las ingentes reservas energéticas halladas en la bahía de Santos

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Luiz Inácio Lula da Silva quiere que el petróleo hallado en el litoral brasileño sirva para financiar proyectos sociales. Lo llevaba prometiendo desde que, hace un año y medio, fueron localizadas en la bahía de Santos, en el litoral de los estados de Río de Janeiro y São Paulo, reservas de entre 5.000 y 8.000 millones de barriles, en un lecho salino (llamado pre-sal) en la profundidad marina que podría esconder hasta diez veces más ese volumen.

'Brasil tiene una deuda histórica con la educación de su pueblo y con los pobres, que no son pocos. En el momento en que vayamos a por ese petróleo, debemos recordar esa deuda pendiente', dijo el presidente brasileño en agosto del año pasado. Meses después, el Gobierno ha ultimado las leyes que configuran un nuevo marco legal específico para esas reservas, que ahora deberá aprobar el Congreso.

Para el Ejecutivo, las prioridades en materia social se resumen en tres áreas: educación, salud y vivienda. Esta última cuestión ha cobrado protagonismo en los últimos meses, cuando el Gobierno ha anunciado un ambicioso plan de ayudas sociales para que los más desfavorecidos puedan adquirir una casa. Existe en Brasil un déficit de viviendas que los estudios oficiales valoran en siete millones de casas, lo cual constituye una de las causas del problema de infraviviendas en las favelas.

La propuesta no ha colmado las aspiraciones de los movimientos sociales. Estos, articulados en el Foro Nacional en Defensa del Petróleo, aun valorando positivamente las nuevas normas, abogaban por que la empresa petrolera Petrobrás recuperase su carácter plenamente público y monopolizase la gestión y exploración de los yacimientos petrolíferos. Actualmente, la Unión posee el control político de Petrobrás, pero tan sólo cuenta con el 40% de su capital social.

La Ley del Petróleo de 1997 impuso en Brasil un modelo de concesiones según el cual el Estado obtiene alrededor del 45% de la riqueza que genera la producciónde hidrocarburos en el país, porcentaje que en otros países como Venezuela, Irán o Noruega llega al 80%.

El sistema comenzó a incomodar cuando se conoció la existencia de las ingentes reservas del pre-sal. De ahí que, a finales del pasado año, el Gobierno ordenase paralizar las concesiones hasta que se aprobase un nuevo marco legal que asegurase mayores beneficios al Estado.

Empresa pública al 100%

Han sido necesarias arduas negociaciones para pactar los tres proyectos de ley que se encaminarán al Parlamento, con carácter de urgencia, en las próximas semanas. Entrará a funcionar un sistema mixto: los bloques del pre-sal y otros que se localicen en un futuro y reúnan los mismos requisitos esto es, cuyo lucro potencial sea igualmente alto se regirán por las nuevas normas; el resto, seguirá bajo el marco legal de 1997.

El nuevo régimen contempla la creación de una empresa estatal, vinculada al Ministerio de Minas, que será pública al 100% y se encargará de convocar las licitaciones de los bloques del pre-sal. En los concursos resultará vencedora aquella compañía, nacional o extranjera, que ofrezca a la Unión una mayor fracción de la producción.

Además, se fijará un bonus que el Estado cobrará directamente a las empresas, aunque, según el Ministerio de Minas, su cuantía será 'simbólica', a fin de no desincentivar la inversión de las empresas.

El modelo de Noruega

Una disposición de la ley podrá ser libremente puesta en marcha por la nueva empresa estatal para escoger, sin previa licitación, una compañía para la exploración de algún bloque. Se trata de una cláusula hecha a la medida de Petrobrás, para que esta no pierda excesivas licitaciones frente a las multinacionales extranjeras más competitivas. Fuentes gubernamentales han aclarado que este modelo sigue el adoptado por Noruega, donde esa cláusula se ha utilizado sólo excepcionalmente.

Para evitar el desgaste político, el Gobierno ha decidido no incluir en las propuestas que serán debatidas en el Congreso los aspectos más polémicos, a saber, las nuevas reglas para la distribución de los royalties cobrados a las empresas en los bloques ya licitados, que ahora van a parar mayoritariamente al Estado de Río de Janeiro.