La Comunidad de Madrid no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula, en parte, su aplicación de la Ley de Dependencia en la región. Así, cuando la Administración tarde más de seis meses en evaluar a un dependiente, se considerará automáticamente que éste tiene derecho a recibir las ayudas que ofrece el sistema.

En la Consejería de Familia y Asuntos Sociales explicaban ayer que acatan el dictamen, aunque el punto de la orden que anuló hace dos días el TSJM 'nunca se ha aplicado', aseguraron. El punto establecía que, a falta de respuesta, se entendía que se denegaba el derecho a la ayuda (lo que se conoce como silencio administrativo negativo).

Los sindicatos lo niegan y recuerdan los 18.000 dependientes que están pendientes de reconocer. 'La inmensa mayoría están fuera de plazo, así nos lo expresan las personas que acuden a que les ayudemos', denuncia la responsable de política social de CCOO en Madrid, Ana González.

En la Consejería mantienen que a efectos prácticos, 'supondrá lo mismo'. 'Tendremos que evaluar a cada persona que solicite la ayuda', aseguran. La Ley de Dependencia establece un derecho subjetivo para quienes no pueden valerse por sí mismos. Pero es necesario que se determine el grado de dependencia de los solicitantes.

El hecho de que éstos adquieran el derecho a percibir una ayuda automáticamente cuando la Consejería tarde demasiado en contestar no degenerará, en principio, en picaresca. El Ejecutivo regional recuerda que, para pedir las subvenciones, se deben presentar los informes de los servicios sociales municipales que acreditan que el solicitante es dependiente. 'No se puede presentar cualquiera', añade la Secretaria de Política Social de UGT-Madrid, Ana Sánchez.

'Tendremos que evaluar a cada persona que solicite la ayuda'

Otra cosa es que, adquirido el derecho de forma automática, el grado de dependencia que resulte de la valoración aún no sea cubierto por el sistema. La Ley de Dependencia se implanta de forma progresiva: ahora cubre a los dependientes graves y severos, y hasta 2015 no satisfará las necesidades de los dependientes con menos problemas. En ese caso, el Gobierno madrileño asegura que el dependiente tendrá que esperar.

El profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla Rafael Pérez Castillo explica que la Administración sólo podría anular el derecho adquirido por silencio administrativo positivo con una revisión de oficio.

'La Comunidad no va a recurrir porque las ilegalidades en su aplicación de la ley son tales que no quiere que se le vea el plumero en tantas otras cosas', denuncia la representante de UGT. 'El Gobierno regional tendrá que reforzar sus instrumentos de valoración para que el proceso no se alargue y no le crezca el número de dependientes', añade González, de CCOO.