Publicado: 08.01.2014 07:00 |Actualizado: 08.01.2014 07:00

Madrid benefició a las empresas sanitarias privadas sobrevalorando el coste por paciente

El último informe de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) denuncia nuevas irregularidades en el contrato de adjudicación, días antes de que el TSJM resuelva sobre la paralización del proceso de

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Cientos de millones de euros. Esa es la cantidad que la Consejería de Sanidad de Madrid regalaría a las empresas privadas que, de llegar a cumplirse el proceso de "externalización", gestionarán seis hospitales de la comunidad. Según el último informe de la Asociación Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) [ver pdf, aquí], el Gobierno de Ignacio González ha calculado mal el precio que el sistema público ha de pagar a las adjudicatarias por cada paciente atendido en los centros afectados por el Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Los autores del documento, que están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva sobre la paralización cautelar de la privatización de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo a las  empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo, han encontrado nuevas irregularidades en el contrato de adjudicación.

Así, partiendo de la base de que el único motivo esgrimido por el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty es el del ahorro, Afem asegura que el cálculo del mismo no está bien realizado en la memoria económica del proceso privatizador. De hecho, según el documento —presentado ayer en el Colegio de Médicos de Madrid—, la Comunidad utiliza dos baremos diferentes para medir el coste de cada hospital (públicos y privatizados) en función del precio por paciente.

Para empezar, el error principal del Ejecutivo madrileño está en el cálculo del coste de la facturación intercentros, ligada a la derivación de pacientes desde la privada a la pública. Las empresas privadas que gestionan hospitales reciben de la comunidad, anualmente, un dinero por cada habitante de la población atendida (coste per cápita). Cuando un hospital privatizado no tiene suficientes medios para atender una determinada patología, deriva al paciente a su centro público de referencia. El gasto, en este caso, corre a cuenta de la empresa privada que gestiona el primero. Sin embargo, a la hora de facturar este coste, la Consejería lo hace en función de lo que habría costado atender a este paciente en el hospital privatizado (más barato) y no en el que realmente fue atendido (el público, más caro). ¿Quién se beneficia con ello? La empresa adjudicataria. 

A ello se suma, además, el propio cálculo del coste de cada hospital en función de lo que cuesta cada paciente. Una estimación para la que la Consejería utiliza baremos distintos en la memoria económica del contrato de adjudicación; aunque esta cuestión ya ha sido desmentida por el director general de Gestión Económica de dicho departamento, Jesús Vidart, según informó ayer El Mundo.

La Comunidad utilizó metodologías distintas y no comparables para calcular el coste de la asistencia especializada, según Afem

No obstante, según el informe de Afem, en 2011, la Comunidad utiliza el sistema UCH (Unidad de Complejidad Hospitalaria) que consiste en hacer una estimación de dicho coste en función de un "peso relativo" asignado a cada diagnóstico. Así, si una enfermedad es el doble de compleja que otra, el paciente le costará el doble al hospital. "Este precio depende del presupuesto de dicho hospital, del número de pacientes atendidos y de la complejidad de los mismos", especifica el informe. Y añade: "Los hospitales grandes [los públicos] tienen que tener muchas instalaciones y servicios complejos, de poco uso y caros (helipuertos, trasplantes, radioterapia y resonancia de guardia) y esto eleva sus costes fijos de mantenimiento. Por lo tanto, la UCH será más cara en los hospitales de referencia y, al calcular el coste de procedimientos más básicos que pueden llevarse en hospitales menos especializados [como los privatizados], estos procedimientos aparecen como más caros".

En 2012, en cambio, los costes están calculados en función del precio público, que "son aquellos que determina una Administración que debe cobrar por servicios públicos a particulares no cubiertos por la Seguridad Social", define Afem en el informe. "El precio público no varía por peso relativo, por lo que una doble complejidad no es el doble de cara", aclaró ayer el presidente de la asociación, Pedro González. "El precio público no puede tener relación con el coste real porque no varía de hospital a hospital, es único", añadió.

Afem explica estos tecnicismos con un caso concreto: una craneotomía diagnosticada a una persona mayor de 17 años con complicaciones en el hospital público Gregorio Marañón (centro de referencia del Infanta Leonor, que cada año deriva cientos de pacientes al citado hospital público)."Dado que sabemos los pesos relativos de los diagnósticos y el coste de UCH del mismo hospital, podemos calcular el coste de cada procedimiento por este método y compararlo con el precio público correspondiente", especifica el documento. "Existe una diferencia de casi 100 millones entre ambas formas de cálculo", agrega.

Así, el coste total de los pacientes atendidos por esta cuestión en el Marañón, en el sistema de medición UCH, es de casi 1,5 millones de euros; en el sistema de precio público, de 1,1 millones.  "Esta diferencia invalida cualquier sistema de comparación", defendió ayer González. "Ambos sistemas de cálculo de costes son distintos, no equivalentes y, dado que uno se basa en el peso relativo y el otro no, no hay forma de hacerlos equivalentes", denuncia también el informe.

"Si no está bien realizado el cálculo del coste de la asistencia especializada [la recibida en los hospitales], podrían suceder dos cosas: que se regalen cientos de millones de euros de los bolsillos de los madrileños a las empresas adjudicatarias, o bien, todo lo contrario, que las empresas quiebren y haya que rescatarlas, como ya sucedió con el modelo Alzira", esgrimió ayer Pedro González. 

Estas diferentes fórmulas de contabilizar el coste por paciente influyen, también, en la citada facturación intercentros. "Sea cual sea el método elegido para el cálculo de la facturación intercentros, el siguiente paso sería determinar el coste total de los tratamientos de los pacientes en hospitales distintos de su hospital asignado de referencia", introduce el informe. "La metodología de cálculo de la facturación intercentros es diferente en ambos años", continúa. "En 2011, los cálculos se basan en flujos de pacientes, con pesos relativos por cada diagnóstico; en 2012, se realiza directamente con el precio público de cada diagnóstico", añade. 

Pero, además de la diferencia metodológica, la Comunidad cometió errores en su contabilidad en ambos años y con ambos sistemas. En el primero, en la estimación por UCH de 2011, no se contabilizan los hospitales "de apoyo" que no tienen área sanitaria asignada. "Dado que los pacientes deberían ser asignados con el mismo coste de forma positiva en el hospital donde son tratados (el público, de referencia) y de forma negativa en el hospital de origen (el privatizado), si se consideraran todos los centros hospitalarios, el balance debería ser 0", detalla el informe de Afem. "Sin embargo, se obtienen cifras de balance de intercentros hospitalarios de 130 a 185 millones de euros", agrega.

En cuanto a la facturación intercentros de 2012, realizada en base al precio público, el error está en los datos utilizados. "Aunque los precios públicos deberían actualizarse cada año, lo cierto es que no se hace. La Comunidad, en la memoria económica que acompaña a los pliegos del contrato de privatización, se basa en los precios públicos de 2009, que son inferiores a los aprobados a finales de 2013", explicó ayer el presidente de Afem. Este detalle, supone "una diferencia de costes de hospitalización de más de 50 millones de euros", complementa el informe. "De esta forma, se estaría regalando [a las adjudicatarias] un 2% de la facturación intercentros, simplemente por la diferencia en el precio público entre el cálculo del precio del contrato y su puesta en funcionamiento", añade el documento.

Afem, que es una de las organizaciones que ha recurrido el proceso de privatización de la Comunidad, presentará este último informe ante los tribunales, "pase lo que pase el viernes". Los próximos 9 y 10 de enero, el TSJM se reunirá para analizar los siete recursos presentados y decidirá si mantiene o no la paralización cautelar de la "externalización".

Afem: "Esperamos que Sanidad recapacite porque un país no puede funcionar con los políticos en un bando y la ciudadanía en otro"

En el segundo escenario, la organización médica —que no descarta convocar nuevas mareas blancas ni tampoco nuevas huelgas— presentará este documento para volver a pedir la suspensión del proceso. Y, en el primero, Afem aportará estos datos para aportar más pruebas que demuestren "que el proceso iniciado por la Comunidad de Madrid no tiene sólidas bases, no está bien estructurado, no beneficia a la población y perjudica al sistema sanitario", enumeró ayer su presidente. "La suspensión es sólo el primero paso; luego tendremos que demostrar que la privatización no es la solución adecuada", explicó. Y añadió: "Los jueces necesitan saber que este país tenemos que construirlo entre todos y que tienen nuestro apoyo".

Por último, aunque se mostró convencido de que el TSJM resolverá en favor de la sanidad pública, González también se planteó un futuro en el que el plan de Lasquetty puede seguir avanzando, paso a paso, hasta conseguir que los seis hospitales estén privatizados. "En ese caso, esperamos que la Consejería recapacite, porque un país no puede funcionar, en ningún caso, con los políticos en un bando y los ciudadanos en otro", concluyó.