El caos vivido el martes en Madrid ante la ausencia de Metro, un transporte usado por más de dos millones de ciudadanos, amenazaba con repetirse el miércoles, segundo día de huelga general decretada por los sindicatos en protesta por una rebaja salarial del 5 por ciento.

Los madrileños parecían más preparados para esta segunda jornada sin servicios mínimos, saliendo antes de sus casas para evitar los atascos y colas registrados ayer en las paradas de autobuses y que podían repetirse en los próximos días puesto que los sindicatos deciden esta mañana si continúan con los paros de forma indefinida.

"Estoy esperando (el autobús), tenía que estar trabajando a las 7 menos cuarto, he salido de mi casa a las 5 y media y todavía no he llegado", dijo una madrileña a RNE poco después de las 7 de la mañana.

La Comunidad de Madrid (CAM), que quiere extender a las empresas públicas de la región el recorte de sueldo aprobado por el Gobierno central para los funcionarios, ha anunciado el refuerzo del transporte terrestre y un plan de contingencia con autobuses privados en caso de que los cinco sindicatos convocantes, entre los que están los mayoritarios CCOO y UGT, decidan continuar con su protesta.

Las autoridades regionales, que ayer intentaron infructuosamente abrir la línea 8 que une el centro de la capital con el aeropuerto, estudiarán hoy los expedientes contra los trabajadores que ayer no acudieron a sus puestos de trabajo, algunos de ellos por la presión de piquetes, según la CAM.

"No pueden los representantes legítimos, por supuesto, de 7000 trabajadores poner en jaque a 6.400.000 madrileños y mucho menos pueden decir 'Madrid va a reventar'", dijo la presidenta regional, Esperanza Aguirre, el martes por la tarde.

El incumplimiento de los servicios mínimos acarrea sanciones e incluso el despido de trabajadores, cuyos paros coinciden con una oleada de paros en Europa en protesta por las medidas gubernamentales de austeridad.

"El derecho de huelga es un derecho que todos tenemos que respetar, pero también todos debemos de respetar la ley que regula la huelga y en este caso los servicios mínimos", dijo el ministro de Fomento, José Blanco, el martes por la tarde.

Metro de Madrid es una empresa pública y, aunque sus trabajadores no son funcionarios, la Comunidad de Madrid pretende aplicarles la misma reducción salarial que tendrán por decreto empleados como médicos, profesores o policías.

"No ha habido ningún tipo de negociación, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid ha sido un decreto ley amparándose en el real decreto del Gobierno central, que deja al margen a las empresas públicas", dijo el secretario general de CCOO en el Metro, Ignacio Arribas, a RNE.

"La Comunidad de Madrid dice que estamos siendo ilegales y nosotros creemos que han vulnerado un convenio colectivo que tiene rango de ley", añadió.

Muchos viajeros optaron, igual que ayer, por ir en taxi, en Cercanías, en bicicleta o incluso andando a sus trabajos, y las escenas de unas calles inusualmente transitadas a primera hora de la mañana se repitieron el miércoles.

"A nosotros nos va bien relativamente, tenemos más trabajo, pero también se trabaja peor con este ambiente, con estos atascos, con este descontento", dijo a Reuters un taxista que no quiso dar su nombre.

Los paros del metro se producen tras la huelga de funcionarios celebrada el pasado 8 de junio y antes de la huelga general prevista para finales de septiembre para protestar por la reforma del mercado laboral que según los sindicatos abarata el despido.