Publicado: 11.04.2014 18:54 |Actualizado: 11.04.2014 18:54

Maduro se sienta a hablar con la oposición, que pide una amnistía para los detenidos en las protestas

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La primera reunión enmarcada en el proceso de diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela estuvo marcada por acusaciones y peticiones que fueron desde una amnistía para los detenidos, soluciones a los problemas económicos y un rechazo explícito a la violencia.

Desde el bando del Gobierno se pidió a la oposición reconocer los hechos de violencia que se han generado en muchas de las protestas que se han producido desde el pasado 12 de febrero y que hasta hoy han ocasionado unos 41 muertos y cientos de heridos, según datos de la fiscal general, Luisa Ortega.

Al inicio del encuentro, desarrollado con presencia de tres cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas y el nuncio en Caracas, el presidente, Nicolás Maduro, dijo que hay que hacer un proceso que lleve a la paz y "a altísimos niveles de respeto, coexistencia, convivencia, sobre la base de la tolerancia". Asimismo, aclaró que este encuentro supone un diálogo y un debate, pero que esto no implica que hará pactos o negociaciones con la oposición.

El canciller, Elías Jaua, señaló, tras reiterar las palabras de Maduro, que esa coexistencia no significa que la oposición se va a hacer socialista o el chavismo capitalista, pero si pueden abordar en conjunto temas sobre los cuales tienen responsabilidad conjunta como la seguridad pública o el desarrollo económico productivo. Jaua también aseguró que gracias a "la revolución", ahora el pueblo venezolano se ha incluido al Gobierno y se alimenta bien. El alcalde chavista de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo por su parte que si existieran en el país realmente los motivos por los que se han argumentado las protestas como la crisis económica, los más pobres ya se hubieran lanzado a manifestar en las calles.

La oposición, representada por miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reclamó, en la voz del líder Henrique Capriles, que la crisis política del país tiene su origen en la situación generada tras las elecciones presidenciales del 14 de abril y la negativa a una auditoría de los comicios. Capriles también afirmó que o se cede en "posiciones intransigentes" y se busca el diálogo o el país "revienta" y señaló al presidente, Nicolás Maduro, de estar en la Presidencia "por el control" que tiene su Gobierno de las instituciones.

Asimismo, el diputado Andrés Velázquez, entregó al presidente un proyecto de ley de amnistía en el que la oposición solicita la libertad "de todos los presos políticos" incluyendo al dirigente Leopoldo López y a los alcaldes destituidos recientemente en el marco de las protestas Vicenzo Scarano y Daniel Ceballos. "Hay tiempo para la justicia y hay tiempo para el perdón, es tiempo de la justicia", replicó Maduro, al subrayar, por otra parte, que en Venezuela no se ha abusado de nadie ni hay una política de Estado para ello.

El presidente del partido tradicional Copei, Roberto Henríquez, reclamó al Gobierno que el modelo económico que está aplicando ha llevado al país "a los niveles de desabastecimiento más altos" y dijo a Jaua que no es cierto que ahora los venezolanos se alimenten mejor. "Cuando hay escasez se viola el derecho a la alimentación", apuntó al reclamar que después de años de expropiaciones, esas tierras y empresas tomadas por el Gobierno no están produciendo.

El representante del partido Acción Democrática, Henry Ramos, dijo que el Gobierno se ha separado "del propio marco constitucional de su Constitución" al usar en sus discursos las palabras "revolución, socialismo, hegemonía y unión cívico militar" que no figuran en la Carta Magna. Además, reclamó que en la Constitución venezolana "no se habla de fuerza armada bolivariana", sino de "fuerza armada a secas" y que cuando los militares, durante los desfiles que se realizan en fechas patrias se identifican como "revolucionarios" o "chavistas" están "violando abiertamente" la ley y generan descontento "en los cuarteles". El encuentro culminó con el compromiso de las partes de continuar con el diálogo la próxima semana con nuevos encuentros.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, confirmó hoy que ya son 41 los muertos en las protestas, "32 civiles y 9 funcionarios policiales militares y públicos". A través de su programa de radio Justicia y Valores, Ortega explicó que las dos personas que aumentan la cifra son el Policía Nacional (PNB) José Cirilo Damas García, muerto a consecuencia de heridas de bala en Barquisimeto, y Mariana del Carmen Ceballos Belisario, que falleció al no poder recuperarse de un arrollamiento hace unos días en la ciudad de Valencia.

La titular del Ministerio Público indicó además que hasta el momento hay 674 personas heridas y 175 privadas de libertad por las protestas violentas. Señaló que la Fiscalía tiene abiertas 120 investigaciones por presunta violación de los derechos humanos, 113 por trato cruel, tres por homicidio consumado, dos por tortura y dos más por homicidio frustrado.