El grupo español Marsans ha anunciado que ha solicitado un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, después de que el Senado argentino convirtiera el miércoles en ley la expropiación de sus empresas Aerolíneas Argentinas y Austral argumentando mala administración.

"Con el arbitraje se busca la compensación monetaria por la confiscación que el Estado Nacional Argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años", precisó el comunicado de la empresa.

La firma, además, acusó al Gobierno de perjudicarla al carecer de una política "adecuada" para el transporte aerocomercial.

"Esta carencia es evidente por la congelamiento de las tarifas, la negativa por parte de las autoridades competentes a otorgar subsidios ante el extraordinario aumento del combustible y el incumplimiento de medidas que el Gobierno reconoció siempre como necesarias y urgentes", señaló.

La nacionalización, una decisión que podría tensar las relaciones entre España y Argentina, pone fin a un largo conflicto entre el Gobierno y la empresa, que soportó numerosas huelgas sindicales que afectaron a miles de pasajeros y perjudicaron su confianza, además de una congelación de tarifas que minó sus finanzas.

OTRAS EMPRESA NACIONALIZADAS

La decisión oficial la suma a otras empresas que han pasado a control del Gobierno en los últimos años, como el Correo Argentino, Aguas Argentinas, el espacio radioeléctrico, ramales de trenes y recientemente los millonarios fondos privados de pensiones creados en 1994.

El Gobierno y el grupo español habían firmado un pacto en julio para negociar la venta de las compañías, pero las autoridades argentinas dieron por roto ese acuerdo e impulsaron la ley de expropiación.

Argentina ha aportado más de 230 millones de dólares (unos 163 millones de euros) en fondos públicos desde julio, cuando se firmó el acta acuerdo, lo que permitió mantener en funcionamiento a las empresas.

El grupo español reclamaba el cumplimiento del acta firmada con el Gobierno, que obligaba a realizar una tercera valoración independiente si había desacuerdo por las tasaciones de Argentina y de la compañía, y anticipaba que recurriría a tribunales internacionales si se concretaba la expropiación.

La decisión legislativa implica que Argentina no hará desembolsos por las empresas, pero asumirá un pasivo de 900 millones de dólares (unos 438 millones de dólares).

"Es un día de alegría", dijo el diputado socialista y ex dirigente gremial de personal aeronáutico Ariel Basteiro, al concluir la votación en medio de las celebraciones de empleados y sindicalistas.

La senadora María Estenssoro, de la opositora Coalición Cívica, criticó la decisión durante el debate, afirmando que se trata de "el peor camino y el más costoso para los argentinos".

Marsans, que tiene unos 9.000 empleados, se hizo cargo de Aerolíneas y Argentinas y Austral cuando se encontraban al borde de la quiebra en 2001.

En los últimos meses, el Gobierno elevó las tarifas y aumentó los subsidios al combustible.