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Más de 7.000 firmas contra la nueva regulación de interinos en Madrid

Los sindicatos denuncian la desregulación de la contratación de profesores. A partir de ahora, la experiencia queda relegada a un segundo plano, mientras que la nota del examen de oposición contará un 80%.

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Un pequeña marea verde formada por miembros de CCOO, UGT y STEM ha entregado este miércoles alrededor de 7.300 firmas contra el decreto que modifica los baremos de contratación de profesores en las escuelas públicas de la Comunidad de Madrid. Una de las novedades es que será necesario aprobar con un 5 las pruebas para que los aspirantes a dar clase en los colegios públicos de la región puedan pasar a la bolsa de interinos. Justo ayer arrancaron los exámenes, que repartirán 350 plazas entre 11.600 aspirantes.

En la nueva reordenación, la experiencia y los méritos adquiridos durante años de trabajo quedan relegados a un segundo plano, mientras que la nota obtenida en el examen de oposición contará un 80%.  Y sólo entrará en las listas quien haya aprobado -sin plaza- en las dos últimas convocatorias, motivo por el que gente que haya aprobado el examen antes de 2011 se sin trabajo y, con ello, las listas, vacías.

'Lo que quiere Lucía Figar es que apruebe el examen el menor número de gente posible para limpiar la lista de interinos y luego contratar según los criterios de la Administración, que aún se desconocen y que pueden ser de todo tipo, eso es lo que especifica el decreto', afirma Rafael Pascual, que es profesor de Educación Física interino desde hace 12 años. Ese es el objetivo que, según los sindicatos, se esconde detrás de ese 5 como nota mínima para aprobar la oposición. La Comunidad dice que con este cambio busca 'mejorar la calidad y la excelencia académica', pero los interinos discrepan. 'No quieren seleccionar a los mejores, quieren seleccionar a los más baratos', opina Pepa, interina con 24 años e experiencia como profesora de Física y Química. 'Desregulando la contratación están precarizando el empleo', concluye.

Este nuevo decreto, que según los sindicatos dejará en la calle a unos 8.000 profesores, está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a raíz de las denuncias de UGT y CCOO. Los representantes de los docentes han recurrido la nueva normativa que Ignacio González aprobó coincidiendo con la última huelga de Educación