Publicado: 04.12.2013 17:54 |Actualizado: 04.12.2013 17:54

Más de 10.000 firmas para que Interior frene el "internamiento indiscriminado" en los CIE

Las doce organizaciones que apoyan la iniciativa recuerdan al Gobierno español que en la propia ley "existen alternativas" a los Centros de Internamiento para Extranjeros

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Doce organizaciones han entregado hoy al Ministerio del Interior un total de 10.520 firmas frenar el "internamiento indiscriminado" de migrantes y recordar a las autoridades que "existen alternativas" a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).

La iniciativa es apoyada por Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), Asociación Profesional de Abogados de Extranjería, Grupo Inmigración y Derecho Penal (Inmigrapenal), Movimiento contra la Intolerancia, Médicos del Mundo, Mugak SOS Racismo, Pueblos Unidos, Red Acoge, Women's Link Worldwide y Pro Igual.

En la carta, que han entregado al Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, las entidades muestran su preocupación por la "detención indiscriminada" de muchas personas extranjeras en situación administrativa irregular, "sin valorar previamente sus circunstancias particulares y la existencia de otras medidas alternativas posibles, previstas en la Ley Orgánica de Extranjería".

Además, las organizaciones apuntan que los CIE son lugares "susceptibles de violaciones de derechos humanos" e indican a las autoridades españolas que el nuevo reglamento de funcionamiento de estos centros, actualmente en tramitación, "debe garantizar los derechos de las personas internadas". Internos del CIE de Valencia han denunciado, por ejemplo, agresiones de la Policía, mientras que ayer fue hallado muerto un hombre en el de Barcelona.

"Las cifras de internamiento en España son muy altas, unas 50.000 personas han pasado por los CIE en los últimos tres años. Muchas más son expulsadas directamente desde comisaría. Se está privando a migrantes de libertad de forma excesiva y sin las cautelas y garantías previstas en la Ley, lo que vulnera el derecho a la libertad", ha asegurado la portavoz de la organización Pueblos Unidos, Cristina Manzanedo.

Y aunque no existen cifras públicas anuales sobre los CIE, Pueblos Unidos revela que "solo" un tercio de las personas que visitó en 2012 en el CIE de Aluche tenían condenas penales. Asimismo, las organizaciones apuntan, citando datos solicitados por el Defensor del Pueblo y el Congreso, que "casi la mitad de las personas internadas en los CIE no son finalmente expulsadas, lo que indica que en muchos casos, la privación de libertad de estas personas era improcedente".

En este sentido, precisan que la detención y el ingreso en CIE "debe ser una medida excepcional, después de una valoración individual de cada caso concreto y una vez que se hayan explorado todas las medidas alternativas". Además, piden que no se interne a personas vulnerables, refugiados, mujeres víctimas de trata, menores o progenitores con menores españoles a su cargo.

Las organizaciones también muestran su "preocupación" por el retraso y el contenido del nuevo reglamento de funcionamiento de los CIE, que el Ministerio de Interior prepara desde enero de 2012, y reclaman que el documento revise el modelo de funcionamiento de los CIE, garantice los derechos de las personas internadas y prevenga y asegure mecanismos frente a agresiones u otros tratos inhumanos.

Colectivos contra los CIE han convocado una marcha de repulsa este sábado en Madrid. La manifestación, comunicada a la Delegación del Gobierno, partirá a las 18 horas de la madrileña Plaza de Julián Marías y finalizará dos horas más tarde en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, donde tendrá lugar una concentración. La protesta se enmarca en el III Encuentro estatal contra los CIE Madrid 2013, al que acudirán organizaciones de toda la península.

El objetivo de la protesta, según los organizadores, es "visibilizar cómo los CIE están dentro de un entramado complejo de fronteras y represión (desde las cuchillas de Ceuta o Melilla hasta las deportaciones en vuelos masivos, pasando por las redadas racistas), sustentado mediante prácticas de racismo de Estado y violación sistemática de derechos, únicamente por cometer una infracción administrativa como es la mera estancia irregular".