Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha señalado que, en los dos últimos años, se ha producido un incremento 'notable' en las entidades responsables de cámaras de vigilancia inscritas en la AEPD.

Durante la presentación de la Guía de videovigilancia, en el marco de la Segunda sesión anual abierta de Protección de datos, este responsable indicó que, si hasta 2006 eran 700, al año siguiente se inscribieron más de 5.000, y a 15 de enero de 2009, ya se superaban las 15.500, de las que más del 90% corresponden al sector privado.

En el Día de la Protección de Datos, Rallo ha señalado que las empresas responsables de cámaras de videovigilancia inscritas en el Registro General de la AEPD proceden principalmente de los sectores del turismo y la hostelería, el comercio, la sanidad y las comunidades de propietarios. En cuanto a las entidades de titularidad pública, únicamente representan un 1,9% del total.

Por comunidades autónomas, Madrid se sitúa en lo alto en cuanto a registro de ficheros de estos dispositivos, con un total de 3.430 ficheros inscritos a finales de 2008, seguida de Cataluña, con 2.282, y Andalucía, con 1.938. A distancia les siguen Canarias, la Comunidad Valenciana y Galicia.

La guía elaborada por la AEPD recoge una serie de criterios prácticos y recomendaciones destinadas a facilitar el cumplimiento de la legislación vigente. De esta manera, recuerda la necesidad de recurrir 'siempre' a empresas de seguridad acreditadas ante el Ministerio de Interior en caso de utilizar videovigilancia privada.

Además, insiste en la importancia de informar sobre la captación de imágenes a través de carteles informativos o la prohibición de grabar en espacios públicos. Asimismo, enumera supuestos específcos: acceso a edificios y salas de juego, entidades financieras, cámaras con acceso a la vía pública, cámaras conectadas a Internet, entornos escolares o taxis, entre otros.

Respecto a las recomendaciones, alerta sobre los espacios 'sensiles' como el escolar o los gimnasios y subraya la garantía en el ámbito laboral del 'respeto' de los derechos de los trabajadores de las empresas.