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Mas no reniega de su relación con los detenidos de CiU

Confirma que Prenafeta le pidió el teléfono de un cargo de Cerdanyola, donde tenía intereses urbanísticos

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'Tengo con ellos una relación no sólo de afecto, sino de amistad. Ni reniego ni lo escondo'. Así de explícito se mostró ayer el presidente de CiU, Artur Mas, al ser preguntado por su relación con los encarcelados en la operación Pretoria y ex cargos de los Gobiernos de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Ambos fueron suspendidos de militancia a petición propia, en lo que el propio líder convergente definió como una decisión 'dolorosa pero necesaria'.

Mas confirmó la existencia de una conversación telefónica intervenida policialmente en la que Prenafeta le pide el teléfono de la miembro de CiU y primera teniente de alcalde de Cerdanyola del Vallès, Consol Pla, para preguntarle por su oposición a una operación urbanística donde tenía intereses. El líder de CiU explicó que hablaba con cierta regularidad con él y Alavedra. 'Probablemente he tenido más de una conversación con ellos, probablemente varias', dijo. Esa conversación se enmarcaría en lo que Baltasar Garzón define en el auto como 'una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus clientes o empresas a ellos vinculadas y percibiendo por ello las cantidades correspondientes'. El juez se refería a Prenafeta y Alavedra y cita en el auto, como ejemplo de tráfico de influencias del primero, 'una promoción en Cerdanyola'.

Precisamente ayer habló la afectada, Consol Pla, ahora ya fuera del gobierno local desde que hace unos días el alcalde, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Antonio Morral, rompiera el pacto de Gobierno y la destituyera 'por descalificar públicamente' al regidor. Pla mantuvo delante de los medios que no había recibido ninguna llamada ni de Prenafeta ni de Macià Alavedra, aunque sí reconoció que estaba en contacto con Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais y ahora imputado por Garzón.

Pla explicó que el constructor la llamó para preguntarle por qué su grupo municipal se oponía al proyecto de viviendas previsto en el Centro Direccional, un ambicioso plan inmobiliario que está ubicado entre dos espacios naturales, Collserola y Sant Llorenç de Munt. También le dijo, según explicó Pla, que para el grupo ICV-EUiA 'ya estaba todo listo' y que sólo era CiU la que se oponía.

La confesión de Pla no es baladí. En su auto, el juez Garzón escribe: 'Tanto Luis Prenafeta como Macià Alavedra utilizan sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales representados por Lluís Casamitjana, que les paga las comisiones a través de Espais'. Sin embargo, la ex primera teniente de alcalde sostuvo que este tipo de conversaciones son 'legítimas'.

'Yo no gestionaba la ciudad. Quiero pensar que se ha hecho todo bien'

Lluís Casamitjana es un personaje muy conocido en Cerdanyola. Su padre, natural de Montcada i Reixach, se hizo rico durante el tardofranquismo construyendo grandes proyectos de viviendas, como son los barrios de Fontetes y Banús.

Su hijo siguió con la empresa, que aunque tiene delegaciones en muchas partes de España, continúa teniendo una presencia muy destacada en el municipio del Vallès. De hecho, los barrios La Farigola, Caneletes y Guiera fueron construidos por Casamitjana hijo.

Ayer el alcalde, Antonio Morral, quiso dejar claro que la ruptura con CiU y, concretamente con Pla, no tiene nada que ver con el caso Pretoria. Sin embargo, cuando Público le preguntó si creía que en el Ayuntamiento había habido irregularidades antes de la llegada de ICV al poder, Morral contestó: 'Qué quieres que te diga. Yo no gestionaba la ciudad. Quiero pensar que se ha hecho todo bien'.

Por su parte, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, renunciaron a todos sus cargos en el Consistorio y en el partido, según explicaron sus abogados. Los letrados también presentaron un recurso contra la orden de prisión incondicional. Muñoz se dirigió a la población de Santa Coloma a través de su abogado para proclamar su 'inocencia' de todos los cargos que se le imputan y su 'absoluta honestidad'.

Los letrados también presentaron un recurso contra la orden de prisión incondicional

Horas después, la comisión ejecutiva del PSC aprobó 'suspender de forma preventiva la militancia' de los imputados 'hasta que se dicte sentencia'. El portavoz socialista, Miquel Iceta, reconoció que no se habían dado instrucciones a los alcaldes del PSC para que no tuvieran tratos con Luis García, Luigi, que fue expulsado en 2001 por sus turbios negocios e imputado ahora en la trama. 'Si hubiésemos sabido que algún alcalde tenía relaciones [con él], se lo hubiéramos dicho y quizá incluso más cosas', dijo Iceta.

'No era una persona de fiar', añadió en referencia a sus relaciones con Prenafeta. Iceta insistió en el mensaje de tolerancia cero con la corrupción que enarbola el PSC.

El Govern reformará la Ley de la Sindicatura de Comptes antes de fin de año, para que sea aprobada justo antes de las elecciones catalanas, con el objetivo de dotar de mayor control y poder a esta institución auditora. Este organismo de control de las cuentas de las administraciones avisó en su día de irregularidades en el Palau de la Música y en Santa Coloma de Gramenet, y ha venido reclamando poder fiscalizar las cuentas de los partidos y sus fundaciones, así como sancionar a los ayuntamientos que se nieguen a facilitarlas.
El secretario general de ICV, Joan Herrera, instó ayer al resto de partidos a acordar un pacto contra la corrupción. Su propuesta incluye medidas como limitar las plusvalías urbanísticas, tipificar penalmente la financiación irregular o prohibir las donaciones anónimas a los partidos.

El Instituto Catalán del Suelo aseguró, por su parte, que las actuaciones que ha realizado hasta ahora en Santa Coloma de Gramenet han sido “perfectamente regulares”. El consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, renunció ayer a sus atribuciones especiales en este ente público, por lo que ya no podrá decidir sobre operaciones urbanísticas y patrimoniales. El auto de Garzón sitúa a Ruiz como un contacto de ‘Luigi’.