El asesinato de ocho colombianos a manos de un grupo armado en Venezuela reactivó el lunes la tensión en las deterioradas relaciones diplomáticas de Bogotá y Caracas, con cruces de mensajes entre los dos Gobiernos, incluyendo acusaciones de espionaje.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lamentó la decisión de Caracas de negar la entrada en territorio venezolano de un avión militar para repatriar los cadáveres de los colombianos que aparecieron asesinados el fin de semana en el estado de Táchira, la mayoría con las manos atadas a la espalda y con tiros de gracia.

El gobernador del estado venezolano del Táchira, César Pérez Vivas, admitió la presencia de columnas guerrilleras armadas en su jurisdicción y acusó al Gobierno del presidente Hugo Chávez de no hacer nada para combatirlos y expulsarlos.

"Mientras esto está despejado de la Fuerza Armada, está tomado por este grupo armado de origen colombiano que está ubicado ahí con el pleno conocimiento del Gobierno Nacional", aseguró el gobernador en una rueda de prensa en Caracas.

Sus declaraciones se produjeron después de que aparecieron los cadáveres de 10 personas asesinadas por un grupo armado, ocho de ellas colombianas.

"Estoy a la orden del presidente de la República o de su ministro de la Defensa para indicarles los sitios exactos donde están estos campamentos con grupos de más de 500 hombres en cada uno de ellos, acampando en pleno territorio de la República", afirmó Pérez Vivas.

"En territorio tachirense hay grupos armados de origen colombiano, provenientes de la guerrilla, los que están de manera abierta, a la luz del sol, pasan por las carreteras en grupos de 80, de 100, caminando y todo el pueblo los ve", denunció.

Críticos y opositores del presidente de Venezuela lo han acusado de tener nexos con la guerrilla colombiana y de incluso permitir su presencia en ese país, pero el mandatario ha negado insistentemente esas afirmaciones.

Para el Gobierno de Venezuela, el secuestro y posterior asesinato de los colombianos que formaban parte de un equipo aficionado de fútbol es un episodio más del enfrentamiento entre grupos armados de Colombia y de su conflicto interno, mientras que el Gobierno de Bogotá analiza varias hipótesis.

COLOMBIA ANALIZA HIPOTESIS

"Se manejan distintas versiones, distintas hipótesis, naturalmente que no podemos comprometernos con una de ellas, pero tampoco podemos descartar ninguna", dijo el defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez.

Responsables del Gobierno del estado de Táchira atribuyeron la masacre a rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En la frontera binacional de 2.219 kilómetros tienen presencia guerrilleros del ELN, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos armados ilegales formados por antiguos paramilitares de ultraderecha.

En la zona se registra tráfico de drogas, de armas, contrabando de combustibles y de vehículos robados, según fuentes de seguridad.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, solicitó a su homólogo venezolano coordinar medidas para proteger la vida de los habitantes en la frontera y evitar hechos como la reciente masacre.

"Hago un llamado al Gobierno de Venezuela, a su presidente, para que por encima de cualquier diferencia, busquemos cómo puede haber una coordinación de actividades para proteger el derecho a la vida de los ciudadanos colombianos y de los ciudadanos venezolanos", dijo Uribe.

Mientras, Venezuela protestó por la "reiterada presencia" de agentes de la Central de Inteligencia de Colombia en su territorio realizando labores de espionaje e intentos de soborno y pidió un cese inmediato de esas prácticas.

El Gobierno de Colombia atribuyó la masacre al "terrorismo", pidió a Venezuela una investigación y ofreció a Caracas su colaboración para identificar y capturar a los autores.

La matanza se produjo en un momento en el que las relaciones diplomáticas y comerciales de los dos países atraviesan una crisis por la oposición de Chávez a la decisión de Uribe de permitir a Estados Unidos el uso de siete instalaciones militares en territorio colombiano.

Chávez, el más fuerte crítico de Estados Unidos en América Latina, asegura que la autorización de Colombia a Estados Unidos para usar bases militares es un paso más en la intención de Washington de invadir su territorio y bloquear su revolución bolivariana a favor de los más pobres.