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Matrícula gratuita para universitarios parados en posgrados "estratégicos"

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución de 21 millones de euros entre las CCAA para que puedan financiar la matrícula de posgrado a universitarios parados, tanto en másteres oficiales como en títulos propios de las universidades públicas que se consideren "estratégicos".

Según informa el Gobierno, los títulos propios deberán tener una "especial relevancia o interés para la economía del territorio".

Podrán ser beneficiarios del programa los titulados universitarios españoles de entre 25 y 40 años que se encuentren percibiendo prestación por desempleo y que cursen los mencionados posgrados en universidades públicas de la comunidad receptora de los fondos.

Estas ayudas, que gestionarán las CCAA, complementan la convocatoria publicada el pasado día 20 de agosto en el BOE.

Ésta última dedica 49 millones de euros a financiar la matrícula en cualquier máster oficial de una universidad pública española a los titulados en paro con derecho a prestación de entre 25 y 40 años, independientemente de la autonomía donde realicen los estudios.

En total, el Gobierno invertirá 70 millones de euros en 2009 en el programa de formación de titulados en desempleo.

El objetivo, asegura, es la mejora de su formación académica para favorecer el reciclaje profesional y las oportunidades de reincorporación al empleo.

Este programa se suma a otros de ayudas para financiar estudios de máster, recuerda el Ejecutivo, como las becas específicas para máster, que se conceden atendiendo únicamente a la renta y patrimonio del solicitante, y los préstamos renta.

De los 21 millones aprobados hoy, Andalucía recibirá 3,71; Aragón, 0,52; Asturias, 0,47; Baleares, 0,26; Canarias, 0,75; Cantabria, 0,21; Castilla y León, 1,05; Castilla y La Mancha, 0,61; Cataluña, 3,53; Comunidad Valenciana, 2,23; Extremadura, 0,44; Galicia, 1,15; Madrid, 4,39; Murcia, 0,44; Navarra, 0,26; País Vasco, 0,85; y La Rioja, 0,18.

Los criterios de distribución fueron acordados en julio pasado por el Ministerio de Educación y las CCAA en la comisión general de política universitaria.