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El mayor sindicato italiano quiere paralizar el país contra el plan de ajuste

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El mayor sindicato italiano, la CGIL, ha convocado para hoy una huelga general y manifestaciones en cerca cien ciudades para protestar contra el plan de ajuste presupuestario aprobado por el Gobierno de Silvio Berlusconi, y que hoy llega al Senado para comenzar su aprobación.

La huelga fue convocada el pasado 23 de agosto por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), en contra de unas medidas que consideran que eliminan los derechos de los trabajadores y condenan al país "a la recesión económica y a la decadencia civil".

Según explicaron a Efe fuentes del sindicato, la idea es protestar no sólo contra el último plan de ajuste de 45.500 millones de euros aprobado por el Gobierno el pasado 12 de agosto, sino también por el otro plan de austeridad ratificado por el Parlamento el 15 de julio.

El sindicato denuncia que con sus dos planes, Berlusconi ha "impuesto más tasas a los trabajadores y a los jubilados, ha recortado los servicios y la sanidad, sin garantizar el equilibrio de las cuentas públicas, ni favorecer el crecimiento y la ocupación".

Se han convocado paros de ocho horas por turno en todos los sectores, completando así la toda jornada laboral, explicó la CGIL, así como manifestaciones en más de cien ciudades italianas, entre ellas las más importantes del país como Roma, Milán, Nápoles y Turín.

Uno de los primeros efectos de la protesta ha sido que el diario "Corriere della Sera" no ha salido hoy a la venta por la huelga de los tipógrafos, que no alcanzaron un acuerdo con la dirección para garantizar la publicación del rotativo.

La huelga coincidirá con la llegada del texto del plan de ajuste al Senado para su discusión y aprobación, que se espera para finales de esta semana, y que después deberá ser ratificado por la Cámara de los Diputados.

Un plan de ajuste que desde su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 12 de agosto ha sufrido numerosas modificaciones, entre ellas, la más importante ha sido la supresión del llamado impuesto de solidaridad que tenían que pagar quienes superasen 90.000 euros de rentas anuales.