Publicado: 11.09.2013 07:55 |Actualizado: 11.09.2013 07:55

La mayoría de niños autistas empieza el curso sin integrador en Madrid

Sólo 20 centros con aulas especializadas disponen de profesionales después de que la comunidad haya echado al 80% del personal. El PSM llevará el caso a los tribunales

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Raúl, como todos los niños y niñas de la Comunidad de Madrid, volvió al colegio este lunes. Todos sus compañeros se reencontraron con sus maestros. Él, que sufre un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD),  se reencontró con todos menos con Sergio, un integrador social que le ayuda a relacionarse y a desarrollar su psicomotricidad. La persona que más lo ayuda en el centro no fue al colegio el lunes. Ni ayer. Ni nunca más. En su lugar, llegará -todavía no se sabe cuándo- un nuevo profesional con menos experiencia que Sergio.

El caso de Raúl se repite en el 80% de las 104 aulas TGD de la Comunidad de Madrid. Después de que la Consejería de Educación decidiera no renovar a los profesionales que llevan más de 24 meses atendiendo a alumnos con necesidades especiales, sólo 20 centros han empezado el curso con integrador social. Precisamente, los profesionales de la bolsa de empleo que no cumplían esos 24 meses contratados. El resto de escuelas cubrirá sus plazas a través de las demandas de empleo generadas en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), es decir con personas en el paro que no tengan 24 meses de experiencia en la atención de niños autistas en centros educativos. Es el resultado de la aplicación, por parte de la consejería, del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a hacer fijo a cualquier trabajador que encadene más de 24 meses de trabajo a lo largo de 30 meses en dos o más contratos. Para evitar contratarles indefinidamente, les echan.

La presidenta de CERMI Madrid, María Dolores Enrique, advierte de que "prescindir de profesionales con experiencia hace imposible hacer propuestas educativas a largo plazo", que es lo que necesitan los alumnos con necesidades educativas especiales. Enrique ha reivindicado este martes "un marco legal que regule a estos profesionales para garantizar su permanencia en los centros" después de reunirse, junto con trabajadores del sector, con el secretario del PSM, Tomás Gómez. 

"Nacer con autismo no se elige, a quien elegimos es a nuestros políticos y en la Comunidad de Madrid tenemos una Administración insensibe", ha afirmado José María, técnico en integración social, que denuncia que la medida de la consejería afecta "al alumnado más débil de la Comunidad de Madrid".

Raúl tiene seis años pero está en tercero de Infantil. Va al colegio público Seseña y Benavente de Getafe y, de momento, lleva dos días sin ser atendido por un profesional especializado. "Las tareas del integrador las está asumiendo la profesora de la clase", cuenta Eva Díaz, la madre de Raúl. La maestra tiene en su grupo ordinario a cuatro niños con TGD que se están perdiendo sus horas de trabajo casi exclusivo con el integrador.

Raquel, integradora social con ocho años de experiencia en niños autistas, señala que su función principal es "facilitar el aprendizaje" de estos niños, para lo que es fundamental "la estabilidad y la continuidad de los tratamientos". Algo que se pierde por completo con esta medida de la consejería. Y no sólo eso. La Comunidad de Madrid se pierde a los profesionales más formados y con más experiencia en el sector. "No es lógico que gente formada esté en casa cuando hay plazas por cubrir", protesta la madre de Raúl.

La Consjería de Educación, por su parte, garantizó en un comunicado que "los colegios públicos de la Comunidad de Madrid seguirán contando este próximo curso con alrededor de 700 fisioterapeutas, enfermeros, integradores sociales y otros trabajadores eventuales que prestan sus servicios atendiendo a alumnos con necesidades especiales".

Tomás Gómez anunció este martes que el PSM "hará todo lo que esté a su alcance" para frenar esta "agresión contra los derechos y la dignidad de las personas". En primer lugar, el PSM pedirá en la Asamblea y en los  plenos de todos los municipios de la comunidad que el Gobierno regional vuelva a contratar a estos 700 profesionales que han perdido su empleo. "E iremos a los tribunales porque ya hay una sentencia del Tribunal Supremo" que dictaminó que la consejería no puede hacer contratos de obra y servicio a estos trabajadores porque realizan funciones cuya "necesidad es permanente".

Gómez ha criticado que "se penalice la experiencia" y ha apuntado que detrás de la decisión de la consejería hay "instinto de negocio".