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Medio millón de catalanes convocados en la 4ª ronda de consultas

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Casi medio millón de catalanes votaron el domingo en una nueva tanda de consultas sobre la independencia de Cataluña, un par de semanas después de que el Parlamento catalán admitiera a trámite una iniciativa popular para convocar un referéndum sobre este mismo asunto.

de donde fue alcalde el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla -, Mataró, Sant Boi de Llobregat y Cerdanyola del Vallès. Con ellos serán ya más de 500 las localidades que habrán celebrado esta consulta, organizada por la Coordinadora Nacional para la Consulta sobre la Independencia.

Hasta ahora los resultados han demostrado una abrumadora victoria del sí, superando siempre el 90 por ciento, aunque los índices de participación han ido en descenso desde la primera convocatoria en diciembre del año pasado y han sido muy bajos, rondando una quinta parte de los convocados.

que en estas consultas son los mayores de 16 años y los extranjeros empadronados - se les pregunta si Cataluña debería convertirse en un estado independiente en el seno de la Unión Europea.

La consulta, que no tiene validez legal, ha sido calificada de ilegítima por el Gobierno central, pero sus defensores opinan que la afluencia podría presionar a los principales partidos políticos catalanes para que acepten celebrar un verdadero referendo, y los organizadores quieren realizar una en Barcelona en abril del año que viene.

El pasado 8 de junio, la Coordinadora Nacional presentó una iniciativa popular ante la mesa del Parlamento catalán con 7.000 firmas de apoyo, aprovechando una nueva ley de consultas populares por vía de referéndum. La propuesta fue aprobada con los votos a favor de CiU, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds, mientras que Partido Socialista de Catalunya (2) y Partido Popular votaron en contra.

En caso de llevarse a cabo el referéndum, la pregunta sería: "A fin de que el Parlamento de Cataluña lleve a cabo las iniciativas necesarias para hacer efectiva la voluntad popular, ¿está de acuerdo en que la nación catalana se convierta en un estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?".

Ahora se ha abierto un plazo de seis meses en el que tendrán que recoger firmas que sumen al menos un tres por ciento de la población catalana, lo que según los últimos datos del INE supondría unas 223.000 firmas.

Además, tras la comprobación de las firmas, el pleno del Parlamento catalán tendría que aprobarlo por mayoría absoluta, en cuyo caso el presidente de la Generalitat tendría que enviar la solicitud de la autorización al Gobierno central.

Cataluña celebra elecciones autonómicas catalanas en otoño, y según una encuesta publicada el sábado en El Periódico, Convergencia i Uniò está al borde de la mayoría absoluta y de recuperar el gobierno de la Generalitat, ante el hundimiento del PSC y de ERC, dos de los socios del tripartito en el poder, con ICV.

Ese mismo sondeo, realizado por Gesop para el diario catalán, señala que el 48,1 por ciento de los catalanes votaría "sí" a la independencia, ocho puntos más que en el anterior barómetro de verano que publicó el año pasado y superando al "no", que cae del 40,6 por ciento al 35,5.

Sin embargo, el 65,4 por ciento no consideraría oportuno celebrarlo en estos momentos.

El sondeo se elaboró con 800 entrevistas telefónicas y un margen de error del +/- 3,5 por ciento, dos días después de la votación en la mesa del Parlamento catalán y cuando el Tribunal Constitucional intentaba votar una vez más la sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad del estatuto de autonomía, aprobado en 2006.

La presidenta del TC, María Emilia Casas, es ahora la encargada de elaborar un nuevo borrador de sentencia que recogería la inconstitucionalidad de 15 preceptos e interpretaría una veintena más, según diversos medios.

El recurso de inconstitucionalidad, presentado por el Partido Popular hace ya casi cuatro años y que afecta a 114 artículos y 12 disposiciones, aborda los aspectos más polémicos del texto, entre ellos el reconocimiento de Cataluña como nación, el deber de conocer el catalán, el derecho de autodeterminación y un papel destacado en las relaciones con la Unión Europea.

Además, tras el recurso del PP se admitieron luego a trámite otros seis contra la norma catalana: del Defensor del Pueblo y de las Comunidades de Murcia, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón.