La prensa italiana protestó el viernes contra una ley que regula las escuchas policiales e impone multas para los medios que publiquen transcripciones.

La ley, que pasó un primer obstáculo con un voto de confianza en el Senado el jueves, es fuertemente contestada no sólo por la mayoría de los medios, sino también por magistrados que dicen que dificultará su lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

El diario nacional de tendencia izquierdista La Repubblica salió con una primera página en blanco, sin noticias, únicamente con una pequeña nota tipo "post-it" en la que se leía "La ley mordaza negará a los ciudadanos el derecho a estar informados".

"Sacamos una primera en blanco para decir a los lectores (...) que la democracia ha sido invalidada", dijo La Repubblica en un editorial de su redactor jefe, Ezio Mauro.

Corriere della Sera habló de "un día negro" para la justicia y L'Unita, el diario del mayor partido de la oposición, utilizó para titular una tipografía que se usaba cuando el dictador fascista Benito Mussolini gobernaba Italia con puño de hierro y controlaba los medios.

El primer ministro Silvio Berlusconi dice que la nueva norma es necesaria para proteger la privacidad, pero la oposición acusa al Gobierno de maniobrar para encubrir la corrupción con otra ley hecha a medida, tras aprobar otras normas para evitar su procesamiento mientras esté en el cargo.

El sindicato de periodistas ha convocado una huelga para el 9 de julio y prometido una "resistencia total indefinida".

Los partidos de la oposición dicen que están dispuestos a llevar su recurso al Tribunal Constitucional si la ley es aprobada en su forma actual en la Cámara de Diputados, algo que es muy previsible dado que el centro derecha tiene también mayoría allí.

"LEY CRIMINAL"

La Stampa de Turín dijo que la ley pretendía "bajar el telón" a la denuncia de escándalos y rechazó las afirmaciones del Gobierno de Berlusconi de que protegería la privacidad. Il Fatto la llamó "ley criminal para criminales".

El proyecto de ley había languidecido en el Parlamento durante meses. Pero el Gobierno rápidamente la desempolvó después de que algunos periódicos publicaran transcripciones filtradas de una importante investigación de corrupción sobre contratos de obras públicas que ha afectado al gabinete de Berlusconi y ha llevado a dimitir al ministro de Industria, Claudio Scajola.

algunos en los que está directamente implicado Berlusconi - que no habrían visto la luz con las nuevas normas.

Algunos magistrados, que planean su propia huelga contra la ley, dicen que muchos arrestos importantes, particularmente de fugitivos de la mafia, no habrían sido posibles sin la ayuda de las interceptaciones telefónicas.

Según el proyecto, los magistrados pueden ordenar escuchas sólo si tienen serias evidencias de que se ha cometido un delito. Tendrían que ser aprobadas por un comité de tres jueces y sólo durarían 75 días. Las extensiones serían posibles sólo por períodos de tres días cada una.

Se necesitaría una autorización especial para pinchar los teléfonos de parlamentarios y sacerdotes. Los medios no podrían publicar transcripciones o sumarios y se enfrentarían a restricciones si informaran sobre un caso antes del cierre de una investigación preliminar, algo que puede tardar años en el lento sistema judicial italiano.

Los editores que violen la ley podrían ser multados con hasta 450.000 euros, mientras que los periodistas se arriesgan a tres años de cárcel.