Bilal El Megharoui tenía 16 años cuando en 2005 llegó a España desde su Marruecos natal enganchado a los bajos de un camión. Tras pasar más de un año en una piso de acogida para menores extranjeros y comenzar un taller de formación profesional, la Delegación del Gobierno de Madrid ordenó su repatriación. Ahora, ha logrado volver a España con un visado de turista, concedido por el mismo Gobierno que le expulsó hace tres años.

El visado es una solución provisional. La Administración debe cumplir una sentencia que ordena el retorno del joven a España y que le permitirá regularizar su situación. El mismo fallo declaró nula la expulsión del entonces menor porque no se respetaron sus derechos fundamentales, como explicaba este martes el abogado del joven, Juan Ignacio de la Mata. 'Se trata de la primera sentencia que ordena al Estado a retornar a un menor repatriado', aseguraba.

El fallo, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Madrid, estima parcialmente el recurso presentado por el letrado hace tres años. El recurso se basaba en que la Delegación del Gobierno de Madrid no había tenido en cuenta ninguno de los requisitos que marca la ley para que la repatriación del menor fuera efectiva.

Así, y según se detalla en la sentencia, que cita normativa vigente, la salida del país de un menor 'extranjero no acompañado, sólo puede tener como motivo su reagrupación familiar'. Y para que esta reagrupación sea posible, según marca la ley, debe hacerse siempre 'en interés del menor' y bajo una serie de requisitos: que se tenga en cuenta su opinión, así como los informes sobre su estancia en España y sobre su situación familiar en el país de origen.

Durante el tiempo que Bilal estuvo en España, viviendo en un piso de acogida de Mensajeros de la Paz, en Madrid, el joven inició su integración socio-laboral formándose como aprendiz en un taller, 'donde sus notas fueron excelentes', según recoge la sentencia.

En su Tánger natal, sus padres a duras penas lograban salir adelante, sobre todo por la grave enfermedad que padecía su madre, a quien se le había diagnosticado un tumor cerebral. Por tanto, la reagrupación familiar, más que beneficiar al menor, empeoraba su situación. Y nadie, durante el proceso de repatriación, preguntó al joven su opinión.

Por tanto, a juicio del tribunal, la Delegación del Gobierno en Madrid incumplió la Ley de Extranjería en lo que se refiere a menores no acompañados. Además, incumplió el artículo 24.2 de la Constitución, por el que todas las personas tienen derecho a la asistencia de un letrado y a ser informados de la acusación formulada contra ellos. A Bilal lo metieron en un avión sin darle explicaciones y sin opción a hablar con un abogado.