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México puede controlar la violencia en frontera, dice su fiscal

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México tiene fuerzas de seguridad suficientes para controlar al narcotráfico y, a pesar de un sangriento estallido de violencia y ejecuciones en la limítrofe Ciudad Juárez, no es necesario reforzar la frontera estadounidense con tropas, dijo a Reuters el fiscal general.

El fin de semana pasado el Gobierno mexicano envió a 5.000 soldados y policías federales para reforzar los operativos en Ciudad Juárez, que se agregaron a los 2.000 que ya estaban allí apostados en la frontera con Texas, donde la guerra de los cárteles convirtió el lugar en una ciudad fantasma por las noches.

"Estamos profundamente preocupados por Ciudad Juárez", dijo el procurador general Eduardo Medina Mora en entrevista con Reuters.

"Ciertamente pensamos que el estado mexicano tiene una potencia mucho más grande que cualquier grupo criminal o de cualquier combinación de grupos criminales", agregó.

Ciudad Juárez, una puerta de entrada clave para la droga a Estados Unidos, es una zona de combate entre las huestes del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán, y el cártel de Vicente Carrillo Fuentes, que ha operado en ese lugar durante décadas.

La situación se agudizó tanto que el gobernador de Texas, Rick Perry, pidió al Gobierno estadounidense que envíe tropas a la frontera por temor a que la violencia se extienda hacia Estados Unidos, donde la semana pasada fueron capturados medio centenar de miembros del cártel de Guzmán.

"No creemos (...) que eso sea necesario", dijo Medina Mora sobre el pedido de Perry. "El Gobierno de México piensa que del lado mexicano, México cuenta con suficientes capacidades institucionales y despliegue para hacer frente a ese problema", agregó.

El narcotráfico se ha convertido en una pesadilla para el gobierno de Felipe Calderón, que tiene desplegados unos 35.000 soldados en varios estados y que en muchos casos han asumido las tareas de las policías municipales, contaminada por la corrupción de los cárteles.

Los enfrentamientos entre los propios cárteles y contra las fuerzas de seguridad dejaron el año pasado cerca de 6.300 muertos, la mayoría de ellos en Ciudad Juárez.

ARMAS

El fiscal mexicano apuesta a que la nueva administración del presidente Barack Obama controle el flujo de armas hacia México, con las cuales los narcotraficantes se arman hasta los dientes y pueden enfrentarse a las fuerzas de seguridad muchas veces mejor pertrechados.

Medina Mora dijo que se reunió recientemente con el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, y con la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, lo que alimentó sus esperanzas de que se reinstaure una prohibición para vender rifles de asalto en cualquier armería, derogada en 2004.

"Eso es posible dentro del marco regulatorio constitucional en Estados Unidos, sí hace una diferencia obviamente tener una prohibición o un acceso más difícil a este tipo de armas", sostuvo Medina Mora.

Estados Unidos tiene regulaciones bastante laxas para la adquisición de armas por parte de particulares, que según el fiscal muchas veces hacen de intermediarios para vender rifles como los AK-47 o los R-15 a los narcotraficantes mexicanos.

"Son las (armas) que le dan a estos grupos una enorme capacidad de intimidación", dijo Medina Mora.

México comenzó a recibir a finales del año pasado los fondos de la Iniciativa Mérida, un plan de ayuda de Estados Unidos de 1.400 millones de dólares (unos 790 millones de euros) para tecnología y equipamiento, pero el programa no incluye entrenamiento militar, un tema muy sensible para el país latinoamericano.

El fiscal dijo que este plan no es significativo en las cifras de la ayuda si se compara con el presupuesto mexicano de seguridad -que en 2007 y 2008 alcanzó los 6.400 millones de dólares-, pero le va a permitir mejoras tecnológicas incluso para evitar más casos de corrupción dentro de la fiscalía.

El año pasado, altos cargos de la institución fueron encarcelados acusados de recibir fondos de cárteles de la droga por hasta 450.000 dólares mensuales, lo que puso en evidencia el poder económico de los narcotraficantes.