Más de 100.000 personas se manifestaron hoy en Santiago y otras ciudades chilenas en una nueva jornada de paro, que terminó con disturbios en la capital, convocada por estudiantes universitarios y de secundaria que demandan desde hace casi tres meses una mejor educación pública.

Unas 60.000 personas, según la policía, y 100.000, de acuerdo con los organizadores, volvieron a salir a las calles de Santiago un día antes de que venza el plazo que los estudiantes dieron al Gobierno para que acepte sus peticiones.

Los alumnos, acompañados de padres y profesores, marcharon de forma pacífica por un recorrido consensuado con las autoridades, pero al final se registraron violentos disturbios entre policías y encapuchados, aunque hasta el momento no se conocen cifras de detenidos.

La protesta fue organizada por estudiantes universitarios y de secundaria y por el Colegio de Profesores, con el apoyo de los trabajadores del cobre y otros sectores sociales.

"Nosotros hemos estimado alrededor de 100.000 a 120.000 personas, lo cual reafirma el nivel de convocatoria que tenemos, que la gente nos sigue apoyando, que no hay desgaste, que esto está creciendo", dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo.

"Llevamos más de tres meses movilizados y la gente sigue firme con la postura. Es el Gobierno el que no es capaz de ceder", agregó.

También se han celebrado manifestaciones en otras ciudades del país, como Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó y La Serena, que según medios locales han movilizado a otras 40.000 personas.

Al término de la marcha en Santiago, grupos de jóvenes apedrearon un edificio de viviendas, colocaron barricadas, destrozaron un vehículo particular, arrancaron semáforos y causaron diversos desmanes en el centro de la ciudad no muy lejos de la sede del Ejecutivo chileno.

Encapuchados también lanzaron piedras y se enfrentaron con policías de Carabineros, que emplearon agua y gases lacrimógenos para dispersarlos.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que "los resultados han demostrado una vez más que desafortunadamente ellos (los convocantes) no tienen el control de las marchas", e invitó a los dirigentes a sentarse a conversar sobre proyectos de ley.

"Ha llegado el momento que ellos reflexionen hasta qué punto las marchas están siendo dañinas para nuestra convivencia social y hasta qué puntos ellos están convocando a marchas que no controlan", insistió.

La manifestación partió de la Universidad de Santiago, en la zona poniente de la Alameda, la principal arteria capitalina, y finalizó en el Parque Almagro, a unas seis calles del Palacio de la Moneda.

El Gobierno se había negado a permitir una marcha que partiera desde Plaza Italia por la Alameda hasta frente al Palacio de la Moneda, por donde querían transitar los jóvenes y como ya habían hecho los días 16 y 30 de junio y el 14 de julio.

El Ejecutivo prohibió dos manifestaciones convocadas el pasado jueves con ese mismo trazado, pero ese día los estudiantes desafiaron la restricción y la Policía reprimió las marchas. Tras una violenta jornada, se registraron 874 detenidos en todo el país.

Por la actuación policial de ese día, parlamentarios de la oposición presentaron hoy en el Congreso una acusación constitucional contra el ministro del Interior al que critican de infringir los derechos de los manifestantes.

Con esta medida podrían forzar la destitución del ministro, pero falta aún que el resto de diputados opositores decida si apoya o no la iniciativa.

La jornada de hoy comenzó con disturbios en varios puntos de la capital y con seis menores detenidos el lunes por la noche por instalar barricadas en el centro.

Para esta noche está convocado también un nuevo "cacerolazo", una forma de protesta utilizada por los chilenos durante la dictadura (1973-1990), que se revivió con fuerza el pasado jueves, y se ha repetido en las noches siguientes.

Con estas movilizaciones, las federaciones estudiantiles buscan presionar al Gobierno para perfeccionar algunos puntos de un plan de 21 medidas que presentó la semana pasada para mejorar la educación.

Esos puntos se refieren a una garantía constitucional de una educación pública gratuita y de calidad, la prohibición del lucro en las universidades privadas y la devolución al Gobierno, desde los municipios, de la administración del sistema educativo de primaria y secundaria.

Esas demandas han mantenido movilizados a los estudiantes chilenos, que tienen el apoyo del Colegio de Profesores y de numerosas organizaciones sindicales y sociales, desde mediados de mayo.