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Millet siembra de sospechas la política catalana con su histórico expolio

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En el escaso año transcurrido desde el registro policial del Palau de la Música, Fèlix Millet ha logrado pasar a la historia como uno de los mayores saqueadores de Cataluña y extender su alargada sombra de corrupción a la política catalana, con la que tejió redes de intereses que ahora se cuestionan.

Poco podían imaginarse los mossos d'esquadra que el 23 de julio de 2009 irrumpieron en el emblemático edificio modernista, que los documentos que se incautaron por orden del juez, ante la sospecha de un desvío de fondos que se cifraba en dos millones de euros, iban a acabar destapando un "agujero negro" de más de 30 millones y sembrando sospechas de una supuesta financiación irregular de CDC.

Apenas un mes después del registro, auténtico golpe a un bastión cultural de la burguesía catalana que expulsó a Millet de la institución en la que reinó durante treinta años, el ex presidente del Palau confesaba al juez haberse llevado 3,3 millones de euros junto a su mano derecha, Jordi Montull.

Desde entonces, la cifra del expolio del Palau no ha hecho más que crecer, alimentada día a día por documentos y nuevos hallazgos que descubrieron que Millet y Montull desviaron cerca de 30 millones de fondos públicos y privados del Palau para obras en sus casas, viajes y todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda su familia hasta las bodas de las hijas.

Ya en octubre del año pasado, la documentación incautada reveló los lazos de intereses que en la política catalana forjó Fèlix Millet -quien llegó a codearse con lo más alto del poder-, al salir a la luz que el Palau de la Música pagó 500.000 euros a la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, y donó otros 72.000 euros al actual dirigente de CDC Àngel Colom, para pagar las deudas contraídas al frente del disuelto Partit per la Independència (PI).

Las sospechas de que el Palau de la Música pudo mediar para la financiación irregular de CDC han desembocado en una comisión de investigación, que el tripartito forzó en el Parlament al publicarse unos notas de Millet que vinculaban ingresos de la constructora Ferrovial, patrocinadora de la entidad musical, con la adjudicación de obras públicas en los gobiernos de CiU.

Otros documentos conocidos en las últimas semanas resultan más elocuentes, al sugerir que Fèlix Millet habría repartido supuestas comisiones del 4% por obras públicas con Carles Torrent, responsable de finanzas de CDC fallecido en 2005.

Esas revelaciones han llevado a dos ex consellers de Obras Públicas de CiU -Pere Macias y Felip Puig- a la comisión de investigación del Parlament, ante la que Fèlix Millet y Jordi Montull se negaron a dar explicaciones sobre los pagos a CDC, al acogerse a su derecho a guardar silencio en una comparecencia en la que soportaron sin replicar la lluvia de reproches de los políticos.

Millet y Montull cumplen esta semana su primer aniversario fuera del Palau de la Música tras haber permanecido trece fugaces días en prisión, sorprendentemente no por el caso del saqueo sino por el nuevo frente que les abrió la Fiscalía al querellarse contra ellos por tráfico de influencias en la operación urbanística para la construcción de un hotel junto al Palau de la Música.

En apenas un mes, la juez que investiga la trama del Hotel del Palau ha llevado a Millet y Montull a la prisión -que habían logrado eludir en noviembre pasado por el caso del saqueo-, ha interrogado al conseller de Economía, Antoni Castells, y ha imputado a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona por ocultar una "operación especulativa" que beneficiaba a un particular.

La expeditiva actuación de la juez Míriam de Rosa Palacio -frente a la del instructor del saqueo, Juli Solaz, criticado por su lentitud por sus propios compañeros- ha provocado una crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, con su cúpula de Urbanismo cesada a raíz de su imputación y una comisión de investigación en marcha.

Mientras tanto, el juez que investiga el expolio del Palau de la Música sigue sin entrar en el pago de comisiones por obra pública -a la espera de que Hacienda presente su informe pericial sobre el desvío- y la presunta financiación irregular de CDC se ha ventilado en un fuego cruzado entre tripartito y oposición en la comisión de investigación del Parlament, con las cercanas elecciones autonómicas de telón de fondo.