El ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, anunció que preparará sin dilación un proyecto de ley que permita los registros "on-line" dentro de los límites fijados hoy por el Tribunal Constitucional (TC).

Schäuble, principal propulsor de la ley anulada hoy por el TC, evitó interpretar la sentencia como un varapalo a sus planes y prefirió hacer una lectura en positivo.

La sentencia ha dejado claro, dijo el ministro, que "los registros 'on-line' son legítimos si se cumplen ciertas condiciones".

Con ello Schäuble aludió a las excepciones que el TC consideró como válidas a la hora de "limitar libertades fundamentales como el secreto de comunicación o la inviolabilidad de domicilio".

Concretamente, el presidente del TC, Hans-Jürgen Papier, apuntó a que una intromisión en esos derechos fundamentales podrían estar justificadas cuando hay "indicios que apuntan a que hay un riesgo concreto para un bien jurídico eminente", lo que significa que tiene estar en peligro "cuerpo, vida y libertad de una persona" o los fundamentos de un Estado. ,

El TC, en cambio, anuló la ley en sus términos actuales, aplicada únicamente en el estado federado de Renania del Norte- Westfalia, pero que servía de ejemplo para los planes de Schäuble.

El tribunal subrayó que con esta sentencia se fija por primera vez el respeto y la integridad de sistemas informáticos como un derecho fundamental.

El cristianodemócrata Schäuble prometió que se formulará una ley que se atendrá estrictamente a los preceptos constitucionales y aseguró que sólo se producirán este tipo de registros "en muy pocos casos de peso".

Su colega de Justicia, la socialdemócrata Brigitte Zypries, quien desde un principio había sido escéptica respecto al uso de este instrumento, celebró los límites impuestos por el TC.

"El Tribunal Constitucional ha formulado unas condiciones muy estrictas que garantizan el respeto de la vida privada", dijo Zypries, quien añadió que apoyará toda ley que se atenga estas condiciones.

El ex ministro del Interior Gerhart Baum, quien fue uno de los que interpusieron la demanda contra la ley, celebró el dictamen que calificó de "sentencia contra el Estado preventivo".

La idea de los registros "on-line" es prevenir los atentados terroristas mediante la introducción de programas de espionaje en los ordenadores del espectro islamista radical.

Los críticos de este método ponen en duda su efectividad, entre otras cosas, porque consideran que las personas que planean realmente un acto terrorista se adaptarían a esa situación y, como ya ha ocurrido en algunos casos.