El primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras las elecciones municipales finalizó dejando un cierto tufillo a diálogo de sordos. La primera reunión de este tipo con mayoría conservadora arrancó precedida por la polémica, ya que los consejeros de Economía de las comunidades conservadoras estaban dispuestos a plantarle cara a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para no pagar la deuda que acumulan con el Estado (más de 21.000 millones entre las 17 autonomías).

La actitud aparentemente torera de los conservadores tuvo una recompensa. Tras escuchar sus peticiones, salpicadas de una descripción melodramática de sus balances financieros, como la del consejero de Madrid, Percival Manglano, que habló de “asfixia”, la vicepresidenta les propuso un trato, con un pequeño truco. Salgado planteó intercambiar la mitad de la deuda pendiente para 2012 (alrededor de 2.500 millones de euros), por una línea de crédito ICO para pagar a proveedores. Según la vicepresidenta, este importe está en línea con la petición de los conservadores de aplazar a diez años la deuda generada en 2008 y 2009.

De esta forma, el Estado recuperaría para el próximo año parte de la deuda pendiente, que le interesa para, por ejemplo, reducir deuda, pero las comunidades no verían socavada su liquidez de forma drástica, ya que tendrían dinero, que entraría por el crédito ICO, para pagar las facturas. “Consigue los mismos efectos que el aplazamiento [que le pedían las comunidades y que el Gobierno rechazó ayer], pero de una forma mucho más razonable, porque va a pagar facturas y no a tener más capacidad de gasto”, explicó Salgado. Con esta solución, el Gobierno central mata dos pájaros de un tiro. Por una parte, recupera parte de la deuda que acumulan las comunidades autónomas, que el Estado les dio a cuenta de recursos adicionales en 2008 y 2009 por una mala previsión de ingresos, y, por otro, las obliga a que con el colchón del ICO paguen a los proveedores. En principio, las transferencias que el Estado les hace a las comunidades no puede ser finalista, es decir, no les puede decir en qué lo deben gastar. Pero con esta pirueta, hace que las regiones destinen este dinero, con el que en principio no deberían contar, a solventar uno de los problemas más acuciantes de la economía real: la morosidad de las administraciones autonómicas.

Este préstamo del ICO se amortizaría en tres años y, según Economía, tendrá un tipo de interés similar a las otras líneas que facilita la entidad pública de crédito. Con todo, la vicepresidenta anunció que la propuesta se “perfeccionaría” en los próximos días.

Salgado recordó que esta solución se añade al hecho de que, en el próximo ejercicio, las autonomías contarán con más recursos que en este ejercicio, hasta 7.912 millones de euros netos más que les transferirá el Estado, lo que les dará “mayor capacidad de gasto”. Según entiende Economía, “de existir alguna dificultad, sólo sería en 2012, y no en los años siguientes”, por lo que la papeleta estaría solucionada.

Le toca ahora a las comunidades estudiar la propuesta que, en cualquier caso, sería voluntaria. Cada comunidad acumula una deuda diferente con el Estado. A priori, Salgado dijo que la acogida por parte de los consejeros había sido “razonablemente” aceptable.

No era este el único punto polémico –de hecho, este no estaba en el orden del día– que se tenía que debatir ayer con los nuevos responsables de las arcas autonómicas. El Gobierno pretendía sacar adelante una regla de gasto similar a la que ya ha aprobado para la Administración Central y para los ayuntamientos.

La fórmula no salió adelante por causas poco claras. De hecho, la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, que actuó como portavoz de los conservadores, calificó la votación de “churrigueresca”, pero todas las autonomías se comprometieron a elaborar una regla de gasto ad hoc en seis meses. Así, las comunidades van a intentar consensuar su propia fórmula que, según Salgado, contemplará algunos criterios básicos, como tener en cuenta el ciclo económico, con el crecimiento del PIB de años pasados y la previsión futura (esta última la que propongan desde Madrid) y una inflación inferior a la del objetivo fijado por el BCE (2%). Con estas bases, los consejeros se reunirán en septiembre para debatir.

Todas las comunidades votaron a favor de crear esta regla de gasto y pidieron que constara en acta su compromiso con la estabilidad presupuestaria, según Economía. Salgado resaltó que las comunidades conservadoras no habían votado en contra del objetivo de estabilidad para 2012 (que es del 1,3% de déficit). “Cuando el PP se opone a algo, vota en contra, si no se quieren oponer porque previsiblemente les parece bien, se abstienen”, apostillo. Además, se votaron los planes de reequilibrio de Andalucía, Extremadura, Illes Balears y País Valencià. Quedaron fuera los de Castilla-La Mancha y Catalunya.